SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, ha afirmado este miércoles que la limitación del alquiler vacacional en las zonas turísticas, según recoge el nuevo borrador de decreto, está orientada a "proteger" el acceso a la vivienda de los trabajadores del sector turístico.
En una comparecencia parlamentaria a intancias del PP y ASG, ha comentado que ese es un "problema común" en las grandes áreas turísticas del archipiélago, donde hay "mucha presión", si bien ha reconocido que el decreto no trata de resolver la escasa oferta de inmuebles o sus altos precios, cuestión que requiere de una "solución integral" entre ambas administraciones, incluido el Estado.
Castellano ha apuntado que el Gobierno trata de "ordenar" el alquiler vacacional para "garantizar la sostenibilidad" del sector turístico, descartando también que se aplique un criterio uniforme para todo el archipiélago y la "liberalización extrema" que defiende el PP.
"No podemos ofrecer el mismo traje a todas las islas y todos los territorios", ha señalado, destacando la "flexibilidad" se introduce abriendo la regulación a la participación de los cabildos y ayuntamientos.
El consejero ha comentado que el alquiler vacacional acumula un 10% de la ocupación turística, y aunque ha existido en las islas desde hace muchos años, el perfil ha cambiado debido al auge de las plataformas tecnológicas.
Ha dicho que se trata de evitar un "crecimiento desordenado" de la actividad turística, y por ello y entre otras cosas, los suelos previstos para desarrollo residencial no pueden ser usados a priori para el desarrollo de nuevos espacios turísticos.
Asimismo, ha comentado que las plataformas deben retirar la oferta que sea ilegal, que habrá un teléfono de atención 24 horas para los clientes y que los propietarios que tengan tres o más viviendas, tendrán la consideración de actividad profesional.
Castellano ha señalado también que es un "error mayúsculo" analizar este fenómeno como un debate entre patronales y ha advertido de que no va a "agitar banderas insularistas" que "tanto daño" hacen a Canarias.
El diputado del Grupo Popular, Miguel Jorge, ha señalado que el alquiler vacacional es una "realidad imparable" y que además, ha generado "varapalos judiciales" al Gobierno al anularse varios preceptos al decreto de 2015, aún en vigor.
Ha apuntado que el Gobierno "se ha plegado" a los intereses de las patronales turísticas, con un sometimiento "irracional" que va en contra del interés general y no da la "misma libertad" para todos, pues al dejar la iniciativa a cabildos y ayuntamientos habrá "disparates".
Jorge ha pedido una regulación "integral y homogénea" para todo el archipiélago, hasta el punto de que se ha preguntado "para qué sirve" su cargo si la decisión se traspasa a las corporaciones locales. "Este decreto es una involución de la Ley del Suelo", ha explicado.
JORGE ACUSA A CASTELLANO DE "INSUMISO JUDICIAL"
Ha tildado al consejero de "insumiso judicial" porque hay cuatro sentencias que anulan artículos del decreto anterior porque limitaba el desarrollo en zonas turísticas, incidiendo en que es "inaudito" que se prohíba a los turistas alojarse en zonas turísticas.
Así, ha pedido modificar el decreto y elaborar otro nuevo, o en caso contrario, abrir la vía de elaborar una ley específica, como propone NC.
Jesús Ramos, del Grupo Mixto (ASG), ha comentado que en el borrador quedan "aspectos por resolver" como la falta de vivienda en Lanzarote y Fuerteventura, el "conflicto" entre turista y residente o la subida del precio de los alquileres.
Ha dicho que "lo más sensato" es que los trabajadores del sector se adscriban al convenio de hostelería, y mostrado su malestar por que está "expulsando" a los residentes de sus viviendas en alquiler, ya que los propietarios ven más rentable esta modalidad que al arrendamiento tradicional.
Ramos espera que se fijen con claridad las competencias que van a tener cabildos y ayuntamientos y ha avisado de que no hay una "varita mágica" para hacer convivir en armonía a turistas y residentes, si bien en las islas verdes este fenómeno es un "ejemplo".
El portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha comentado que el alquiler vacacional es una actividad económica y por eso se debe "intervenir y regular", y en esa línea, se ha mostrado a favor de una ley elaborada en el Parlamento y no tanto por un decreto.
Ha comentado que esta modalidad debe garantizar la calidad del destino turístico y aunque "llegue tarde", su grupo avala que se haya creado un nuevo decreto para tratar de mitigar los efectos en el acceso a la vivienda y la competencia con el turismo 'oficial'.
Juan Márquez, de Podemos, ha comentado que la situación "ha empeorado" y el alquiler vacacional "es un problema", y ahora, el nuevo decreto lo empeora porque al limitar las zonas turísticas "empuja" a los turistas hacia las áreas residencial.
AL GOBIERNO "SE LE HA VISTO LA PATITA", EXPONE PODEMOS
Ha señalado que al Gobierno "se le ha visto la patita" con este decreto diseñado "para las patronales" y que además, "repite los mismos errores" que el anterior. "El decreto es claramente insuficiente", ha señalado, incidiendo en que "castigan" al pequeño propietario.
Rosa Bella Cabrera, del Grupo Socialista, ha comentado que se sigue "casi igual" que con el anterior decreto, con una "huida hacia adelante" que no resuelve los problemas y es una forma de "escurrir el bulto" para que el Gobierno no afronte sus responsabilidades.
Ha valorado que cabildos y ayuntamientos tengan competencias para regular el alquiler vacacional, pero ha pedido que las corporaciones tengan todos los recursos a disposición para garantizar la seguridad jurídica.
Nereida Calero, del Grupo Nacionalista, ha resaltado la impostancia del "criterio local" para ordenar el alquiler vacacional, reclamando "sencillez y agilidad" para que el turismo pueda zafarse de la maraña burocrática.
