MENORCA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El GOB de Menorca ha informado este martes que ha presentado un recurso contra la concesión de la licencia que permite volver a consolidar el edificio y ampliar la ocupación del hotel Castell Playa, del grupo Palladium, ubicado en la urbanización Arenal d'en Castell.
La organización ecologista ha considerado un "error histórico y una falta de visión de futuro" la actual legislación que permite volver a consolidar los grandes hoteles de costa construidos en los años 60 y 70.
"Estos edificios están más que amortizados y presentan graves problemas de estructura", han señalado a través de un comunicado. En esta línea han subrayado que "es el momento de rehacerlos, bajar su impacto paisajístico y de consumo y contribuir a plantear una oferta turística adaptada a los tiempos que corren".
La entidad ha recordado que "hoy estos edificios no se podrían construir ya que los planteamientos actuales no permiten volúmenes de este estilo". Sin embargo, critican que el Parlament mantiene la posibilidad de reformarlos manteniendo alturas e incluso aumentando su ocupación.
"Resulta difícil de entender donde está el interés público cuando se toman decisiones así", han espetado.
Desde el GOB han explicado que el hotel de Arenal d'en Castell obtuvo la licencia en 1973 y durante los primeros años hubo muchos problemas con las aguas residuales. En 1980 se habilitó un emisario conjunto con otros hoteles que aboca en Calesmorts, en la zona del levante de la playa.
"Por la documentación consultada, este emisario agotó su concesión hace 15 años y en la tramitación de la actual licencia para modernizar el hotel, el promotor no ha podido acreditar que el emisario tenga autorización", han indicado los ecologistas.
Asimismo, han hecho hincapié en que el proyecto presentado tampoco plantea la conexión con la nueva depuradora construida en la zona.
El GOB, que ya había presentado alegaciones contra el proyecto durante la fase de exposición al público, ha presentado ahora un recurso de reposición en base a la legislación de procedimiento administrativo que dice que serán nulos de pleno derecho los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando no se dispongan de requisitos esenciales para su adquisición.
