MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El empresario Ángel de Cabo, su cuñado, Teodoro Garrido, y su 'número dos', Iván Losada, declararán de nuevo este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por el supuesto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans que el expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán habría llevado a cabo para eludir el pago a sus acreedores, informaron fuentes jurídicas.
Los tres imputados ya acudieron a las dependencias judiciales para declarar el pasado miércoles 24 de abril pero el magistrado interrumpió las declaraciones previstas, que quedaron aplazadas para este martes. De Cabo, Garrido y Losada habían solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 volver a prestar testimonio en esta causa, en el marco de la cual el pasado 5 de diciembre de 2012 ingresaron en la prisión de Soto del Real (Madrid).
También comparecerá como testigo Enric Noguer, responsable de las inversiones de Marsans en México que dirigía Gerardo Díaz Santamaría, hijo de Díaz Ferrán y también imputado en la causa. Díaz Santamaría, que declaró el pasado 12 de marzo a petición de las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, negó haber realizado operaciones de alzamiento de bienes en relación con la empresa Trapsa, de la que fue consejero entre 2006 y 2010.
"ENGAÑADO" POR DÍAZ FERRÁN
Durante su última declaración en la Audiencia Nacional, el empresario aseguró que se sintió "engañado" por el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán cuando le compró el Grupo Marsans y descubrió que el entramado empresarial ya había sido vaciado de bienes, informaron fuentes jurídicas.
El liquidador de empresas se presentó como víctima de un engaño por parte del ex presidente de la patronal en lo referente al grupo turístico, del testaferro Jorge García Téllez y del fiscalista Rafael Tormo, quien le recomendó que abriera una sociedad en Chipre.
Después de que Díaz Ferrán requiriera sus servicios en la primavera de 2010 y descubriera que el Grupo ya había sido alzado de bienes, se desató un conflicto entre ambos empresarios y procuró coincidir lo menos posible con quien fuera dirigente de la patronal. Con todo, ha dicho que después le concedió un préstamo de 8 millones de euros y le compró el barco, el cual consintió que Díaz Ferrán siguiera utilizando.
El préstamo a Díaz Ferrán estaba garantizado por las hipotecas de sus hijos, mientras que el que pensó conceder al fallecido Gonzalo Pascual tenían como garantía los muebles y animales disecados --cabezas de búfalo, colmillos de elefante o jirafas-- que fueron encontrados en una nave de su propiedad en Valencia.
Durante el interrogatorio, De Cabo explicó que en una cuenta del BBVA en Suiza guarda 4,9 millones de euros en concepto de un depósito para el pago a proveedores de Astra. Este dinero procedía de los 33 millones de dólares que Airbus abonó a la filial irlandesa de Marsans, Astra Worldwide International Leasing, cuando se canceló la compra de aviones con la quiebra de Aircomet. De ellos, nueve millones fueron a parar a Ascendia por gastos de gestión.
De Cabo volvió, además, a solicitar una rebaja en su fianza de 15 millones de euros para eludir la prisión, en la que permanece recluido desde el pasado 5 de diciembre.
"APARENTE INSOLVENCIA"
De la instrucción de este caso, denominado 'Crucero', se deduce que Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, ya fallecido, diseñaron en colaboración con el empresario Ángel de Cabo "una estrategia para alzarse con sus bienes aparentando su insolvencia patrimonial".
Esta estrategia habría consistido en el traspaso del Grupo Marsans, propiedad de Díaz Ferrán, y de su patrimonio personal a las sociedades de De Cabo para crear, de esta forma, "una aparente insolvencia evitando así que sus acreedores, no sólo empresas, sino trabajadores, pudieran satisfacer sus créditos".
A cambio, el liquidador se comprometió a entregar 100.000 euros mensuales a los empresarios hasta que ambos recibieran una suma de 8 millones de euros. Según los autos del juez Velasco, Díaz Ferrán se habría valido de "testaferros y complejas estructuras societarias creadas por Ángel de Cabo, algunas de ellas asentadas en paraísos fiscales extranjeros" tras ser asesorado por "personas de su confianza".
DENUNCIA DE LAS MAYORISTAS
El juez Velasco, que abrió esta causa tras admitir a trámite una denuncia presentada en febrero de 2012 por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, ordenó el pasado 5 de diciembre el ingreso en prisión de De Cabo y Díaz Ferrán tras imponerles sendas fianzas de 50 y 30 millones de euros, respectivamente. En el caso del expresidente de la patronal, la Sala de lo Penal rebajó su caución a 10 millones.
A Díaz Ferrán se le imputan indiciariamente los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, insolvencia punible por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero y estafa procesal concursal.
El juez Velasco también envió a prisión el 5 de diciembre al cuñado de De Cabo, Teodoro Garrido; y los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez, José Enrique Pardo y Antonio García Escribano. La secretaria del liquidador, Susana Mora, quedó en libertad tras depositar una fianza de 3.000 euros y al fiscalista Rafael Tormo se le impusieron una serie de medidas cautelares.
Además, fueron imputados en este procedimiento Gerardo Díaz Santamaría, hijo de Díaz Ferrán; Consuelo Garrido, mujer de De Cabo; el abogado Raúl Jiménez y los cuatro hijos de Gonzalo Pascual --Ignacio, José María, Gonzalo y Diana--.
