Unidos Podemos ha registrado este viernes en el Congreso una proposición de ley para dificultar las conocidas como 'puertas giratorias' entre la política y las empresas y plantea incluso penas de cárcel de dos a cinco años para aquellos responsables políticos que hayan tomado decisiones "contaminadas" por la actividad privada, un castigo que también podría afectar a las empresas.
