ALMERÍA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
La delegada de la Junta en Almería, Sonia Ferrer, ha abogado este jueves por "acordar una fórmula de colaboración" con la propietaria del Cortijo del Fraile y el Ayuntamiento de Níjar abierta también a la Diputación y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para "recuperar" el inmueble, prácticamente en estado de ruina, que ha sido ofrecido por la empresa propietaria al Gobierno andaluz mediante una carta.
En una nota, la delegada ha trasladado esta propuesta de "iniciativa conjunta" con la que "asegurar" la conservación del BIC y "planificar" su posterior uso cultural y turístico, si bien no ha desarrollado en qué consistiría esta posible iniciativa ni bajo qué fórmula podría resolverse la situación del edificio ligado a la obras 'Bodas de Sangre' del autor granadino Federico García Lorca.
Para Ferrer, las distintas propuestas planteadas anteriormente por los propietarios y el Ayuntamiento de Níjar sobre el Cortijo del Fraile --la última en el mes de abril en el Consejo Rector del Parque Natura de Cabo de Gata-Níjar-- han destacado por su "indefinición", por lo que ha pedido "claridad" y "concreción" para abordar una "actuación conjunta" que cuente con la participación de la empresa propietaria y con las distintas administraciones públicas.
En este sentido, la delegada ha señalado que bajo estas premisas "se podrían usar fórmulas de colaboración" como las que se aplican en otras provincias "con resultados positivos" para la conservación del patrimonio cultural, de manera que ha puesto como ejemplo del futuro Centro Federico García Lorca, en Granada.
Ante la posibilidad de que la Junta asumiera el edificio bajo la oferta realizada por la empresa, Ferrer ha recordado que "corresponde al propietario del Cortijo la conservación de este Bien de Interés Cultural, según establece la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía" y ha insistido en que "desde el año 2012 la Junta viene exigiendo reiteradamente a la empresa propietaria el cumplimiento de sus obligaciones de preservación de este conjunto que data del siglo XVIII".
Cabe recordar que ante el estado del inmueble, la Junta procedió a dictar una orden de ejecución de medidas de conservación que no ha sido atendida, por lo que se vió obligada a imponer multas coercitivas, la última este mismo mes. En total se han emitido nueve de diez multas posibles a razón de 3.700 euros cada una. En concreto, en junio de 2012 se requirió a la propiedad la ejecución de un proyecto de conservación y rehabilitación presupuestado en 37.000 euros, resolución que fue recurrida y que el TSJA falló a favor de la Junta.
