JAÉN, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los 18 acusados de simular contratos de trabajo para poder cobrar más de 91.000 euros en prestaciones por desempleo, incluido el empresario que montó una empresa ficticia para hacerlo posible, han admitido los cargos ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén encargado de juzgar el caso.
La admisión de los hechos y de los cargos por parte de los acusados ha permitido que el Ministerio Fiscal rebajara las penas de prisión que solicitaba inicialmente para todos ellos como autores de un delito de falsedad en documento público en concurso con un delito de estafa.
Los 18 acusados que se han personado en el juicio -han faltado dos- han admitido uno por uno haber simulado contratos de trabajos para cobrar el desempleo, mientras que el empresario ha admitido haber creado una empresa ficticia que diera soporte a dichos contratos y posteriormente a las prestaciones por desempleo.
De esta forma, todas las partes, incluída la Abogacía del Estado en representación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Tesorería General de la Seguridad Social, además de las defensas, se han adherido a la petición de penas que ha realizado finalmente el Ministerio Público.
Para A.C.C., el empresario que montó la empresa ficticia y para el que Fiscalía solicitaba inicialmente tres años y medio de prisión, se ha rebajado la petición a un año y nueve meses de cárcel, además del pago de una multa de 1.260 euros.
Para 14 acusados, el Ministerio Fiscal ha reclamado ocho meses de prisión y multa de 1.050 euros, mientras que para los tres acusados que han devuelto el dinero indebidamente cobrado, Fiscalía ha reclamado cuatro meses de cárcel y multa de 600 euros.
Al juicio no se han personado dos acusadas por lo que el Ministerio Fiscal ha solicitado su detención e ingreso en prisión inmediata para poder cerrar el caso. Esto ha llevado a que solo se haya podido celebrar parcialmente el juicio con 18 de los 20 acusados que hay en esta causa y para los que ha quedado visto para sentencia.
Los hechos que se han enjuiciado en la Audiencia de Jaén se remontan al periodo comprendido entre los meses de octubre de 2011 y agosto de 2012. Según ha admitido A.C.C. ante el tribunal, se inscribió en el Régimen General de la Seguridad Social como empresario de Linares (Jaén) dedicado al comercio al por mayor de textiles.
La Fiscalía apunta que la finalidad era dar de alta como viajantes para venta ambulante a un total de 19 personas que son las que aparecen como acusadas en esta causa. Estas contrataciones, relata Fiscalía, se llevaron a cabo "mediante contratos simulados con el fin de lograr que por parte de aquellos se reuniesen las condiciones precisas exigidas por el vigente sistema de Seguridad Social para percibir prestaciones por desempleo de carácter asistencial".
En responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal ha reclamado que cada uno de los acusados indemnice a la entidad que les abonó las cantidades en concepto de prestación, lo que equivales a "todas las cantidades percibidas indebidamente del sistema de Seguridad Social". Además, A.C.C., según Fiscalía, responderá solidariamente con lo que adeuda cada uno de los acusados a las arcas públicas hasta completar los 84.573,37 euros estafados.
La cantidad inicial estafada ascendía a más de 91.000 euros, aunque en el juicio se ha rebajado hasta los 84.573,37 euros después de que tres de los acusados hayan devuelto su parte para lograr el atenuante de reparación del daño y así reducir la condena.
