También está encausado un agente de la Guardia Civil, para el que la Fiscalía pide dos años y seis meses de cárcel por dos delitos
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS)
Una decena de acusados por delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, que operaban en la zona de Santiago y A Coruña, no ingresará en prisión tras cerrar un acuerdo con la Fiscalía que supone una reducción de las condenas.
En el juicio, que se inició este lunes en Santiago, también están encausadas otras dos personas, una de ellas agente de la Guardia Civil, acusado de revelación de secretos y falsificación de documento público. Sobre él también pesaba un cargo por tráfico de drogas, que finalmente fue retirado por el Ministerio Público al carecer de pruebas que lo relacionasen con los hechos.
Para el otro acusado también ha sido retirado este delito, por lo que ha quedado absuelto; mientras que el agente de la Benemérita se enfrenta a penas de dos años y seis meses de cárcel y dos años y nueve meses de inhabilitación por los dos cargos.
El acuerdo alcanzado por la Fiscalía y la defensa de los 10 acusados impone penas de entre un año y seis meses y un año y siete meses de prisión, así como multas de entre 500 y 5.500 euros de multa. De este modo, los acusados no ingresarán en prisión y no podrán cometer un delito en un plazo de dos años, tres en el caso de uno de ellos, que también se enfrentaba a cargos por tenencia ilícita de armas.
HECHOS OCURRIDOS EN 2011 Y 2012
Los hechos se remontan a los años 2011 y 2012, cuando los condenados se dedicaron de forma coordinada al tráfico de diferentes sustancias estupefacientes, fundamentalmente cocaína y hachís, en el área de Santiago y A Coruña.
En total, las fuerzas del orden se incautaron de droga por valor de unos 7.000 euros en los registros y operaciones llevadas a cabo a lo largo de la investigación, que se inició en abril de 2011 cuando detectaron que algunos de los acusados compraban a una empresa de material clínico sita en Santiago sustancias químicas con la supuesta intención de emplearla para la elaboración de MDMA.
Durante uno de los registros, las fuerzas del orden detectaron en el domicilio del acusado D.V.F., situada en Brión (A Coruña), dos pistolas de balines, una escopeta y una pistola de aire comprimido, además de material para mezclar con los estupefacientes.
El Ministerio Fiscal ha acordado con la defensa de los diez integrantes de esta red de tráfico de drogas la suspensión de las penas de cárcel con la condición de que no cometan delitos en un período de años. Este plazo aumenta hasta los tres años en el caso de D.V.F. al aceptar también el delito de tenencia ilícita de armas.
ESTE MARTES CONTINÚA EL JUICIO DEL AGENTE
Este martes en los Juzgados de Santiago se reanudará el juicio al agente de la Guardia Civil acusado de revelación de secretos y falsificación de documento público, una vez que el Ministerio público retirase el delito contra la salud pública al considerar que no existe conexión con los acusados por tráfico de drogas.
La defensa pide la absolución reclamando la "nulidad" de las pruebas contra el agente, ya que considera que las conversaciones telefónicas que lo implican fueron conseguidas de forma irregular y varios de los autos de la investigación incurren en "imprecisiones" y presentan fechas y hechos "inconcretos".
La Fiscalía acusa a R.M.G., que en el momento de los hechos trabajaba como cabo primero en el puesto de la Guardia Civil de Santa Comba (A Coruña), de utilizar la base de datos del Instituto armado para obtener información sobre los vehículos de incógnito que las fuerzas del orden utilizaban para investigar a las personas que participaban en el tráfico de droga..
El agente transfirió a algunos de los condenados esta información, por lo que podría afrontar penas de dos años y seis meses de cárcel y dos años y nueve meses de inhabilitación por los dos cargos por los que está acusado actualmente.
