La juez Núñez abre pieza separada en los ERE por ayudas a Fundosa tras el aviso de "prescripción" por la Fiscalía

María Núñéz Bolaños llega a los juzgados de Sevilla
EUROPA PRESS
Publicado 22/02/2018 16:51:00CET

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha acordado abrir seis nuevas piezas separadas por ayudas sociolaborales a empresas, entre ellas a Fundosa. Precisamente sobre ésta la Fiscalía de Anticorrupción solicitaba en un escrito a la juez instructora "la máxima celeridad posible a fin de evitar la prescripción".

En una providencia, con fecha de 12 de febrero y a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez ordena, tras recibir un escrito del Ministerio Fiscal referido a las ayudas concedidas a dos empresas de Fundosa Grupo, incoar pieza separada.

La Fiscalía, en su escrito, señala que, constando en el seno de las diligencias previas 174/11 --causa matriz de los ERE-- un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre las ayudas concedidas a dos empresas de Fundosa Grupo por importe de 873.470,80 euros y existiendo indicios de delito visto su contenido y documental analizada en ese informe, interesa se incoen diligencias previas por estos hechos separada de la causa matriz para su correspondiente instrucción.

En concreto, el Ministerio Público expone en el escrito, con fecha de 6 de febrero y al que ha tenido acceso Europa Press, que los hechos objeto de investigación son el convenio de colaboración suscrito el 4 de noviembre de 2008 entre la Dirección General de Trabajo de la Junta con la agencia IDEA encomendando a ésta última el pago de la ayuda sociolaboral de 300.000 euros a los trabajadores de Fundosa Lavanderías Industriales (Flisa) destinado al pago de la merma salarial fruto del retraso en el pago de los salarios con cargo a la aplicación presupuestaria 31L, efectuándose el pago por IDEA el 10 de enero de 2008 por importe de 50.000 euros y el 17 de febrero de 2009 por importe de 150.000 euros.

Respecto a esta ayuda, el fiscal solicita a la juez "la máxima celeridad posible, siendo consciente del volumen de trabajo y los escasos medios materiales y personales disponibles, vista la fecha del último pago a fin de evitar prescripción".

De igual forma se investiga la resolución dictada el 29 de junio de 2007 por el delegado provincial de Córdoba de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta, Antonio Fernández Ramírez, autorizando la suspensión por 18 meses de las relaciones laborales con 24 de sus trabajadores y a extinción de relaciones laborales con cuatro trabajadores. Entonces se suscribió póliza con Apra Leven figurando como tomador Fundosa Ultracongelados y precocinados SA (Fulpresa) destinada al pago de una renta de supervivencia alcanzando el importe de la prima a 813.470,80 euros para cinco asegurados habiendo abonado la Junta entre el 25 de enero de 2010 y 20 de septiembre de 2010 un total de 409.579,47 euros.

Por todo ello, la Fiscalía ve indicios de participación en los hechos investigados del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, de los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera,del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, del ex delegado territorial de Empleo en Córdoba, Antonio Fernández Ramírez, del ex director general de Vitalia Antonio Albarracín, de Antonio Barea Gaona y Alejandro Oñoro Medrano, administrador único de Fulpresa y consejero delegado de Flisa, respectivamente.

En el seno de las nuevas diligencias incoadas, la Fiscalía pide que se oficie a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a fin de que investiguen los hechos y personas que pudieran haber participado en su comisión.

De otro lado, la juez María Núñez Bolaños, en otra providencia fechada el 12 de febrero de 2018, ordena asimismo incoar piezas separadas por las ayudas recibidas en el marco de la investigación de los ERE fraudulentos por Astilleros de Sevilla, Nueva Lima, Instalaciones Industriales y Navales de Huelva, Astilleros de Huelva y La Pequeña Holanda.

DIVISIÓN DE LA CAUSA

En julio de 2015, cabe recordarlo, la instructora aceptó la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y acordó dividir en tres grandes piezas separadas la causa, una petición a la que se opuso en reiteradas ocasiones la anterior titular del Juzgado, Mercedes Alaya.

Así, dividió la causa en tres piezas separadas, como son una relativa al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas --que se juzga desde diciembre en la Sección Primera de la Audiencia con 22 ex altos cargos de la Junta investigados--; otra pieza con las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, y un tercer bloque no inferior a 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas.

Esta decisión fue avalada posteriormente por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que manifestó que la decisión de la juez de dividir la causa en piezas separadas está "amparada en copiosa jurisprudencia, especialmente del Tribunal Supremo", y "se sustenta en argumentos tan relevantes como la complejidad de la causa en cuanto a la complicación en su tramitación".

Así, aseveró que, de mantenerse la causa unida, ello conllevaría "el riesgo de excesivas dilaciones hasta sentenciar aquellas parcelas de hechos de menor complejidad en las que, incluso, puede haber sujetos pasivos que tengan su patrimonio intervenido por vía de la adopción de medidas cautelares, o como la pérdida o debilitamiento de la inmediación necesaria para el dictado de sentencia cuando las sesiones del juicio oral se prolongan indefinidamente en el tiempo, entre otras más".

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