SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha abierto dos nuevas piezas separadas para investigar las ayudas concedidas a las empresas Bilore y Graficromo.
En sendos autos dictados el pasado día 27 de noviembre, a los que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada pone de manifiesto que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
Por este motivo, y "no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido", la juez acuerda incoar diligencias previas y practicar aquellas diligencias "esenciales" para efectuar tal determinación.
En julio de 2015, cabe recordarlo, la instructora aceptó la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y acordó dividir en tres grandes piezas separadas la causa, una petición a la que se opuso en reiteradas ocasiones la anterior titular del Juzgado, Mercedes Alaya.
Así, dividió la causa en tres piezas separadas, como son una relativa al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas; otra pieza con las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, y un tercer bloque no inferior a 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas.
Esta decisión fue avalada posteriormente por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que manifestó que la decisión de la juez de dividir la causa en piezas separadas está "amparada en copiosa jurisprudencia, especialmente del Tribunal Supremo", y "se sustenta en argumentos tan relevantes como la complejidad de la causa en cuanto a la complicación en su tramitación".
Así, aseveró que, de mantenerse la causa unida, ello conllevaría "el riesgo de excesivas dilaciones hasta sentenciar aquellas parcelas de hechos de menor complejidad en las que, incluso, puede haber sujetos pasivos que tengan su patrimonio intervenido por vía de la adopción de medidas cautelares, o como la pérdida o debilitamiento de la inmediación necesaria para el dictado de sentencia cuando las sesiones del juicio oral se prolongan indefinidamente en el tiempo, entre otras más".
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