SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
Varias organizaciones y patronales representativas del sector del primer ciclo de la educación infantil en Andalucía (de cero a tres años) han anunciado que trabajarán para buscar "mejores" medidas dentro de las "dificultades" establecidas por el nuevo modelo de financiación presentado por la Consejería de Educación, y que podrían derivar en aspectos como la 'guerra de precios' o la extinción de ayudas a familias como consecuencia del patrón que pretende aprobar la administración regional.
Uno de los principales caballos de batalla, según ha explicado a Europa Press la presidenta de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, Rosario de la Peña, es la negativa de la Junta a actualizar el precio por plaza, que continúa 'congelado' en 278,88 euros, ante lo que el colectivo trasladó su "desacuerdo" y "malestar" por no haberse contemplado la actualización del Índice de Precio al Consumo (IPC) desde el 2009.
Considera la coordinadora que, con un mayor número de escuelas adscritas y una menor oferta educativa, ampliándose el número
de vacantes ya existente en muchas zonas geográficas --los centros de convenio pasarán a pertenecer a una red de centros adheridos a un programa de colaboración con la Junta, donde todas las escuelas autorizadas podrán solicitar adhesión a dicho programa de forma anual, eliminándose el patrón de convenio por cuatro años--, se dará una "merma" de servicios y de calidad educativa, pues ahora se deja al albur de los centros que puedan bajar el coste "a su conveniencia", lo que "puede generar una competencia desleal y en perjuicio de los profesionales que realizan la labor educativa".
Asimismo, está previsto que los centros reciban un único incentivo de adhesión por centro y una cantidad desconocida para la gestión administrativa, "sin olvidar que desaparece la compensatoria de agosto". Por otro lado, se verán perjudicados una vez que el plazo de solicitud de subvención/beca a las familias --la otra novedad, establecida en un procedimiento aparte al de la plaza-- finalice, dado que aquellas vacantes que queden por cubrir no percibirán ningún tipo de ayuda para las familias que soliciten fuera de plazo, lo que limitará a cubrirla en el plazo establecido y a dificultar su ocupación, en concreto el aula de bebés.
En cuanto a la afección a las familias, los plazos establecidos para solicitar la beca van a ser "muy limitados" y a aquellas que no puedan
acceder a las subvenciones en los plazos establecidos debido a
una distinta etapa de gestación "se les dificultará su acceso a la
vida laboral, debido a que hasta el momento actual han podido
confiar la educación de sus hijos en centros con plazas vacantes y
disfrutar en su caso de bonificaciones: esta situación queda extinguida".
Ante todo ello, De la Peña ha asegurado que la coordinadora "seguirá trabando con la intención de reunirse con las distintas organizaciones y patronales que muestren su disposición para consensuar y buscar mejores alternativas".
PROPUESTAS ALTERNATIVAS DESDE LA "SERENIDAD"
En parecidos términos se ha manifestado el secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) en Andalucía, Rafael Caamaño, que ha manifestado a Europa Press que, siendo el modelo "inevitable" en tanto que la administración no ha dado opción a debatirlo, "lo que hay que hacer es mejorarlo".
Caamaño admite aspectos positivos en el modelo, como la ampliación de los convenios y que escuelas que tenían autorizadas aulas que no podían conveniar porque la administración no admitía más ahora sí puedan hacerlo, o que se haya introducido un pago directo a las escuelas, pero critica la no actualización del precio/plaza y la necesidad de mejorar algunos procedimientos, siendo así que ahora mismo se está en la fase de trabajar con "prudencia y serenidad", al objeto de elaborar "propuestas alternativas" manteniendo un cauce de diálogo.
CECE-A se manifiesta en contra de la argumentación de la administración según la cual se deniega la ayuda a familias que escolaricen a sus hijos a mitad de curso por motivos presupuestarios, y señala que ello es "perfectamente negociable: se tendrá que prever".
En cuanto a la competencia desleal, reconoce que es un "indudable peligro", pues "el que baje los precios aposta necesariamente ha de bajar la calidad, algo que se debe mantener en el sector de la educación", al margen de que se trataría al menor con criterios mercantilistas.
