La Sala del magistrado recusado por los ERE juzgará también la primera pieza del caso Invercaria

El presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, Pedro Izquierdo
EUROPA PRESS
Publicado 28/06/2017 17:16:32CET

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, presidida por el magistrado Pedro Izquierdo, ex secretario general de Justicia de la Junta, será la encargada de juzgar la primera pieza separada por las presuntas irregularidades en Invercaria, todo ello después de que también fuera elegida mediante sorteo para juzgar a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por la pieza 'política' de los ERE.

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que fue en la jornada de este martes cuando el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, elevó a la Audiencia Provincial de Sevilla para su enjuiciamiento la pieza separada relativa a la ayuda de 300.000 euros concedida a la empresa Fumapa mediante un informe de "medio folio".

Tras ello, la causa ha correspondido a la Sección Primera de la Audiencia en virtud del turno específico de reparto establecido para las causas de especial complejidad, que son aquellas que superan los 3.000 folios --sin contar los anexos documentales-- o que tienen ocho o más intervinientes personados, sin incluir al Ministerio Fiscal.

Las mismas fuentes consultadas han precisado que, en principio, el juez Pedro Izquierdo no será el ponente ni formará parte del tribunal encargado de enjuiciar la primera pieza de Invercaria.

Cabe recordar que la Sección Primera también fue elegida mediante un sorteo para juzgar la pieza 'política' de los ERE, en la que están acusados tanto Chaves y Griñán como otros 20 ex altos cargos de la Junta, siendo designado como ponente el juez Pedro Izquierdo, lo que motivó que PP-A y Manos Limpias solicitaran su recusación, que fue admitida por la Sección Tercera.

Por la ayuda a Fumapa, la Fiscalía Anticorrupción pide seis años de cárcel y 25 de inhabilitación para el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y para los miembros del consejo de administración de Invercaria Isabel de Haro, Jacinto Cañete y Ramón Martín López, mientras que solicita dos años y medio de cárcel y once años de inhabilitación para los administradores de Fumapa. Asimismo, reclama que todos los acusados indemnicen a IDEA con 300.000 euros.

En este caso, la Fiscalía cifra en 359.581,60 euros "el perjuicio total" causado a Invercaria e IDEA, una cantidad que "puesta en relación con los fondos propios del año 2008 destinado a inversiones suponen un daño relevante en las propias cuentas de la entidad y en los posibles fondos destinados a otros proyectos en fase semilla o arranque".

Anticorrupción relata que Fumapa es una sociedad limitada constituida el 13 de diciembre de 1988, cuyo objeto social es la fabricación y venta de carpintería metálica y aluminio y cristal y su capital social de 45.436,52 euros.

En fecha no determinada, los socios de Fumapa y Fumapra mantuvieron una reunión en La Carolina (Jaén) con Pérez-Sauquillo, "del que nació el compromiso de una inversión en alguna de sus empresas", tras lo que, el 8 de abril de 2008, ambos socios se reunieron con el presidente de Invercaria en la sede de esta empresa pública "para la concreción de la petición de inversión y ayuda".

"DOS FOLIOS MANUSCRITOS"

"A pesar de ser conscientes que no cumplían con los presupuestos exigidos por Invercaria como empresa capital riesgo, le propusieron una inversión a modo de préstamo participativo", asevera la Fiscalía, que añade que, en dicha reunión, "como toda documentación, no le entregaron más de dos folios manuscritos, en el que contenía una serie de gastos entre 2005 y 2008, así como un inventario de inmovilizado de Fumapa y Fumapra".

Ya a finales de 2006, dice que tanto Fumapa como Fumafra presentaban fondos propios negativos por 27.644 y 165.037 euros, respectivamente, y ambas "se encontraban en una situación comprometida desde el punto de vista económico a todos los niveles".

Anticorrupción asevera que Pérez-Sauquillo, "a pesar de ser consciente de la irregularidad del inicio del trámite y de la inviabilidad en todos los sentidos de tal ayuda, con estos datos y documentos, hizo llegar a través de su secretaria el interés del mismo en que se analizara la inversión, dándose traslado de estos documentos a personal" del Departamento de Promoción, cuyo director era Cristóbal Cantos, denunciante del caso y cuya causa en esta pieza fue archivada.

En este departamento se realizó un preinforme que consistió en una ficha informativa "incompleta, y de apenas unos párrafos en medio folio y un informe informativo", dice la Fiscalía, que agrega que este informe "de medio folio" concluía que ambas empresas mostraban "problemas de liquidez a corto y que se carecían de datos que indicasen la operación a realizar, inversión, y qué financiación se pedía a Invercaria".

Posteriormente, y según relata, el propio Cantos "fue requerido" en una reunión con el acusado "a realizar un análisis de urgencia, dado que según se decía, el proyecto tenía una alta consideración para la sociedad", de forma que Cantos elaboró un informe el 19 de mayo de 2008 que únicamente iba referido a Fumapa.

"El documento se realizó sin atenerse a los estándares de Invercaria y sin formato oficial" y en el mismo "se dice carecer de datos para los informes que se han requerido y se habla de la alta consideración e importancia del proyecto", advirtiéndose también de la "deficiente situación de liquidez, fondos propios negativos y fuerte dependencia de un solo cliente".

POR UNANIMIDAD

En el mismo informe, "se concluía acerca de la necesidad de la auditoría de cuentas del ejercicio 2007, la diversificación de la cartera de clientes y un informe sobre la gestión de la empresa", a pesar de lo cual "se informó que una vez atendida esas recomendaciones, la solicitud de Fumapa presentaba un perfil positivo para recomendar la inversión solicitada".

Así, "ninguno de los tres aspectos señalados" en ese informe "como necesarios se realizó posteriormente ni el presidente dio orden en tal sentido", señala el fiscal, que indica que este acusado, "sin completar el expediente con las comprobaciones" a las que Cantos hacía referencia en su informe, "decidió presentarlo sin más" al Consejo de Administración de Invercaria "sin que pasara por el Departamento de Análisis ni por el Comité de Dirección ni de Inversiones".

Para finalizar, recuerda que, el 1 de julio de 2008, el Consejo de Administración de Invercaria aprobó la inversión "de manera unánime sin contar con expediente de inversiones aprobado ni por el Departamento de Análisis ni por el Comité de Inversiones conforme a lo que se regulaba en el Plan Director" de la compañía.

De esta forma, el consejo de administración acordó "por unanimidad" la concesión de un préstamo participativo a Fumapa por importe de 300.000 euros a pesar de "no presentar plan de negocios, ni análisis de inversión".

Ya el 1 de octubre de 2009, Invercaria "era consciente de la comprometida situación económica" de Fumapa y "de sus problemas" con Hacienda y la Seguridad Social a través de una reunión mantenida con personal de la misma y donde "hasta entonces no se habían afrontado los pagos de principal e intereses del préstamo".

El juez ha concluido ya la instrucción de las siete primeras piezas del caso por las ayudas a FIVA, Fumapa, Servivation --donde la Fiscalía ha pedido seis años de cárcel para el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo--, Operador Aéreo Andalus --donde ha solicitado dos años y medio de prisión para el exconsejero de Cultura José María Martín Delgado--, Lolita Canalla, Aceitunas Tatis y la diseñadora Juana Martín.

Rafael Catalá

Rafael Catalá

Ministro de Justicia

28/11/2017

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