Alaya deja en libertad a los 16 detenidos por la UCO por el fraude en los cursos de formación
SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
El abogado del exdirector general de Empleabilidad y Formación Profesional Manuel Brenes, uno de los 16 detenidos por la Guardia Civil en el marco de la operación 'Barrado' por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía, ha calificado este jueves de "excesiva, innecesaria y desproporcionada" la detención de su cliente y ha considerado que se podrían haber vulnerado derechos "esenciales" y "fundamentales", por lo que ha anunciado que "sopesará" lo ocurrido y "actuará en consecuencia en el ejercicio de la defensa".
Este imputado, tras ser detenido el pasado martes, ha comparecido en la mañana de este jueves ante la juez Mercedes Alaya, ante quien se ha acogido a su derecho a no declarar, tras lo que ha sido puesto en libertad con cargos por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. La Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado ninguna medida cautelar para el encausado, aunque no decarta pedirla en el futuro en función del resultado de la investigación.
En declaraciones a los periodistas, el letrado del imputado, Alfonso Martínez del Hoyo, ha señalado que, en estos momentos, "no cabe posible defensa" porque las actuaciones son secretas y no han tenido acceso a las mismas, añadiendo que la juez "no le ha imputado a Manuel Brenes ningún hecho concreto" y únicamente "le ha atribuido conductas o entenderes incursos en patrones de conducta".
El abogado ha puesto de manifiesto "el juicio respetuoso pero firme de disconformidad con la detención" de su patrocinado por entenderla "innecesaria y desproporcionada", sin que "se dieran las condiciones legales a que toda detención debe corresponderse en nuestro Estado de Derecho".
A su juicio, "era perfectamente conocido" que el imputado "es un jubilado como funcionario de Enseñanza con domicilio y raigambre perfectamente definidos, y sobre cuya disponibilidad permanente a la Administración de justicia no podía dudarse en ninguna forma".
TODOS EN LIBERTAD
"La edad, 65 años, y delicada condición de salud de quien padece una enfermedad que necesita de tratamiento diario, según supo desde el primer momento la Guardia Civil, hacía doblemente innecesaria y excesiva" la detención, ha aseverado el letrado, quien ha añadido que la misma supone una vulneración de derechos "esenciales".
La juez, de otro lado, también ha dejado en libertad este jueves al exdirector general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo Andrés Sánchez, quien también se ha negado a declarar en su comparecencia ante la magistrada.
De este modo, han quedado en libertad los 16 detenidos en la operación 'Barrado', entre ellos nueve exdelegados provinciales de Empleo y cuatro exdirectores generales de la Junta, entre ellas las exdirectoras generales de Formación Profesional para el Empleo María José Lara --para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de más de un millón de euros-- y María Teresa Florido.
"RED DE CLIENTELISMO POLÍTICO"
También han sido puestos en libertad el exdirector gerente entre los años 2003 y 2014 del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas), en Málaga, y la presidenta de la UTE gestora de este consorcio, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza civil de más de seis millones de euros.
Asimismo, la juez ha dejado en libertad a la exdirectora gerente del consorcio Formades, en Almonte (Huelva), para quien el Ministerio Público también pidió una fianza civil que no ha trascendido.
En los autos de imputación de todos los exdelegados provinciales de Empleo, Alaya pone de manifiesto que, desde la Consejería de Empleo de la Junta, se impartían "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales "para que no se controlara el dinero" destinado a la formación, "creando de esta forma una red de clientelismo político".
