Cáritas dice que la Junta reduce un 90% los fondos a sus programas de empleo, que atienden a 7.663 personas en 2012

Presentación de los datos de empleo de Cáritas andaluzas
EUROPA PRESS
Actualizado 15/05/2013 17:24:27 CET

Un total de 1.442 personas atendidas en dichos programas han accedido a un puesto de trabajo, aunque "solo 786 de ellas tienen contrato"

SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha reducido en 2012 un 90 por ciento los fondos a los programas de empleo de Cáritas andaluzas, pasando de 1.080.000 euros en 2011 a 110.000 euros, al igual que las administraciones locales, que han bajado su aportación en un 80 por ciento, de 139.000 a 27.000 euros. Por el contrario, la Unión Europea aumenta en un 63 por ciento los recursos, que pasan de 732.000 euros en 2011 a 1.263.865 euros el pasado año, lo mismo que la Administración central, con una subida del 48 por ciento, de los 500.000 a los 743.784 euros.

Estos datos han sido expuestos este miércoles en rueda de prensa por el presidente de Cáritas Regional de Andalucía, Anselmo Ruiz, quien ha añadido que el total de recursos económicos invertidos en 2012 ha alcanzado los 4.025.149 euros, procedentes en un 53 por ciento de las Administraciones públicas --2.145.856 euros-- el 46 por ciento de recursos propios -- 1.863.085 euros-- y el uno por ciento, de entidades privadas --16.208 euros--. En cuanto a los recursos humanos, en los programas de empleo de Cáritas han participado 175 voluntarios y 69 técnicos --en 2011 fueron 193 y 93, respectivamente--.

Asimismo, durante el acto, en el que Ruiz ha estado acompañado por el director de Cáritas Diocesana de Jerez Francisco Domouso, ha informado de que dichos programas de empleo, encaminados a la inserción socio-laboral de los colectivos más excluidos a través de las Cáritas Diocesanas, han atendido en 2012 a un total de 7.663 personas --respecto a las 8.105 atendidas en 2011--, un 32 por ciento hombres y un 68 por ciento mujeres. Por nacionalidad, el 63 por ciento han sido españoles y el 37 por ciento inmigrantes --en 2011 fue un 54% frente a un 46%--. Por edad, el 21 por ciento estaban entre los 16 y 25 años; el 59 por ciento, entre los 25 y 45 años; el 20 por ciento, mayores de 45 años.

Además, ha accedido a un puesto de trabajo 1.442 personas de las atendidas en dicho programas, aunque, reconoce Ruiz, "solo 786 tiene contrato y el resto no", sobre todo mujeres que trabajan como empleados del hogar, un extremo que "se vive de manera dura por los voluntarios de Cáritas", añade. Así, afirma que "siguen empeñados en que todas las personas que tengan un trabajo tengan un contrato", y en este sentido, en los últimos años el objetivo de Cáritas Andalucía "es el contacto directo con el mundo de la empresa", un aspecto que considera "fundamental para la inserción laboral", de modo que "la empresa se responsabilice y actúe ante el problema del paro".

Del mismo modo, Anselmo Ruiz ha recordado que uno de los sectores en los que la situación es más preocupante es el de las residencias de mayores, porque el pago por parte de la Administración "se hace a cuatro o cinco meses", un retraso que se iba cubriendo con las póliza de los bancos, y, además, "hay personas que tienen concedidas su plaza en residencias por la Dependencia, pero no se la dan". "Esto supone que hay muchos recortes de personal en el mundo de las residencias", afirma, al tiempo que señala que "hay instituciones muy importantes que ya se han cerrado y otras que están malviviendo". "Hay que dedicar dinero a mantener todo esto, que significa cuidar a esas personas y, además, trabajo estable", apostilla.

Así las cosas, desde Cáritas Regional de Andalucía se apela a la Administración pública a tener un papel "realmente activo" en la búsqueda y creación de empleo; a tener "honradez y transparencia" en la gestión de lo público; "un trato humanizado y empático" con las personas desempleadas; una atención personalizada; una gestión "austera y eficiente para focalizar el control del gasto público en aquello que es superfluo y no deteriore los derechos fundamentales de las personas; y que la Administración "luche contra el fraude".

Por su parte, se pide a las empresas que, aunque la situación "es delicada", la crisis "no sea excusa para un retroceso en los derechos laborales"; que "den prioridad a estrategias alternativas para asegurar la viabilidad de la empresa y su sostenibilidad antes de recurrir al despido"; reclama "la función social de la empresa"; "posibilitar la implicación de los trabajadores en la búsqueda de salidas a las situaciones de dificultad que se puedan dar"; o que exista un comportamiento "responsable y transparente" por parte de las empresas con sus obligaciones legales y fiscales.

A los trabajadores, Cáritas propone un papel "corresponsable" con las personas desempleadas en la búsqueda de un empleo; un "compromiso" con la defensa al derecho al trabajo de todos; el desempeño "responsable" del trabajo; el "rechazo" al trabajo de la economía sumergida; y apostar por la formación como "principal camino para mantener y desarrollar un puesto de trabajo". Y a la sociedad, la organización solicita "comprensión y solidaridad con las personas paradas".

MUESTRA SU "DECEPCIÓN" ANTE EL DECRETO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Por otra parte, Ruiz se ha referido al decreto ley de lucha contra la exclusión social aprobado por el Ejecutivo andaluz y que la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, presentó el pasado 6 de mayo a las entidades que conforman la Mesa del Tercer Sector, que aún no se ha pronunciado sobre estas medidas. Sin embargo, Cáritas sí ha dicho que se siente "decepcionada", ya que "se hace el plan sin escuchar a las instituciones que llevamos mucho tiempo trabajando contra la pobreza".

"No puede ser que se destruya empleo estable y se vaya por otro lado ofreciendo empleos de entre 15 y 90 días", subraya Ruiz, quien defiende que "no se recorte y se pague para que no se bloqueen las instituciones que trabajan con el mundo de los mayores". Además, el presidente de Cáritas ha aludido a la intención de la Consejería de que las instituciones ayuden en la Red Solidaria y de Garantía Alimentaria de Andalucía a través de los ayuntamientos, ante lo que ha dicho que "Cáritas no es un centro de reparto". Por último, ha vuelto a abogar por la aprobación de la Renta Básica, que está recogida como un derecho en el Estatuto, y que "cambiaría la vida de muchas familias".

Rafael Catalá

Rafael Catalá

Ministro de Justicia

28/11/2017

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