El Consejo aprueba un nuevo decreto ley para facilitar el acceso de los ayuntamientos a los planes de empleo
SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía tiene previsto comenzar a negociar con las fuerzas políticas presentes en el arco parlamentario una solución para proveer de funciones al personal laboral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), después de que la pasada semana el Parlamento andaluz rechazara un decreto ley sobre empleo porque incluía una disposición adicional que ampliaba el catálogo de servicios y funciones a desempeñar por este personal.
Así lo han expuesto en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, y la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que han concretado que buscarán a través del diálogo un acuerdo porque hay unos 1.800 empleados públicos "que necesitan tener funciones en la Administración autonómico".
La Junta ha presentado este martes un nuevo decreto ley para modificar la Ley de Medidas Urgentes para Favorecer la Inserción Laboral, la Estabilidad en el Empleo, el Retorno del Talento y el Fomento del Trabajo Autónomo para facilitar el acceso de los ayuntamientos a los planes de empleo y que no incluye la disposición adicional que provocó la semana pasada que fuera derogado en el Parlamento andaluz.
Han señalado que el personal al que ser refería la disposición adicional no es un asunto que se circunscriba exclusivamente al personal de la extinta Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe), sino que también incluye a otros como los Alpes, Menta o los promotores de empleo, "un abanico de trabajadores públicos que desean y quieren tener un sitio en la Administración, que merecen un respeto".
La consejera de Hacienda ha aclarado que la propuesta del Ejecutivo andaluz, que fue rechazada por el Parlamento, "no incorporaba potestades públicas" sino que se basaba en la cartera de servicios de las oficinas de empleo "que el Gobierno de España permite que se preste por entidades privadas". "El PP-A ha votado en contra de que los empleados públicos de Andalucía hagan lo que sí pueden hacer en España empresas privadas", ha apostillado.
De esta manera, tras desligar este asunto de la ley del empleado público que llevará la Junta más adelante al Parlamento, Montero ha explicado que "en el SAE y en todas las agencias públicas de este tipo, hay trabajadores laborales, funcionarios y también trabajadores que se han incorporados por sentencias judiciales", de manera que defiende que "es lógico que se le asignen tareas porque cobran un sueldo de los impuestos de los ciudadanos y no es razonable que no estén al máximo de sus competencias desarrollando laborales", pero asegura que "en ningún caso serán potestades públicas".
Ha señalado que se reunirá con los sindicatos para llevar una posición consensuada con ellos a los representantes políticos, con quienes espera llegar a un acuerdo pues "en el Parlamento expusieron que estaban de acuerdo en buscar una solución para que estos trabajadores tengan asignadas tareas y ahora tienen que demostrarlo". Así, Montero les ha reclamado a las formaciones que, en este asunto, "presida el interés de los ciudadanos".
De su lado, el portavoz del Ejecutivo andaluz ha criticado que "a algunos partidos se les llenó la boca en campaña electoral prometiendo empleo, ubicación y funciones para estos colectivos pero a la hora de la verdad, tumbaron el decreto ley" que incluía la referida disposición adicional.
Concretamente, ha censurado la posición "filibustera" del PP, cuando ha explicado que lo que la Junta pretendía con esa disposición adicional era aprobar un modelo similar al que aprobó hace dos años el Ministerio de Empleo, "una iniciativa legislativa que permitía a agencias de colocación privadas llevar a cabo funciones que ahora les quieren prohibir a los empleados públicos de la Junta".
"Eso se llama tener doble moral", ha rechazado el portavoz del Ejecutivo andaluz antes de advertirle a los populares que "no es el camino" para dar una solución a estos empleados.
No obstante, ha dicho que la Junta tiene la mano tendida para buscar a un acuerdo que debe "reconocer y respetar a esos empleados públicos que están en la Administración autonómica", y para elaborar una norma consensuada con los demás partidos que les dé solución.
Tras relatar que lo urgente era presentar otro decreto ley para que los ayuntamientos que no pueden tengan la opción de acogerse a los planes de empleo "para no perjudicar a las personas desempleadas, que es un asunto sagrado", Vázquez ha apuntado que la disposición adicional del decreto ley tumbado "no apareció por casualidad ni por la puerta trasera" sino que "contaba con el apoyo suficiente para que saliera adelante" porque además "hace justo lo que reconoce el SEPE". "Queríamos tener el mismo modelo que tiene el SEPE para los trabajadores públicos de Andalucía en el SAE", ha agregado.
TRABAJADORES "MANO SOBRE MANO"
Con todo, ha exigido a los partidos políticos "no usar a los empleados públicos según les convenga" cuando ha señalado que "hubo candidatos en campaña de pancarta en pancarta haciéndose fotos, pero cuando trasladamos una iniciativa legislativa para darle solución, calcada al modelo del SEPE, lo tumban, eso se llama doble moral".
Y es que, como ha ahondado Miguel Ángel Vázquez, "no podemos permitir que haya personal mano sobre mano" y que "tenemos la obligación de darle funciones".
"No se les puede permitir a determinados partidos que se les llena la boca hablando de empleo pero dan marcha atrás cuando no les interesa por motivos políticos", ha lamentado en referencia al PP-A, al tiempo que ha advertido de que "creen que en el regate político corto ganan pero con esto pierden los ciudadanos y los trabajadores públicos porque están jugando con ellos y este Gobierno no lo va a permitir".
EL DECRETO PREVÉ UNAS 60.000 CONTRATACIONES
Con todo, el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un nuevo decreto ley que modifica la Ley de Medidas Urgentes para Favorecer la Inserción Laboral, la Estabilidad en el Empleo, el Retorno del Talento y el Fomento del Trabajo Autónomo para "facilitar el acceso de todos los ayuntamientos a los distintos planes recogidos en la norma, aunque mantengan deudas con Hacienda y la Seguridad Social o condenas por despido improcedente".
El objetivo, como ha explicado Vázquez, "es evitar que las personas desempleadas se vean perjudicadas por la exclusión de estos municipios, que debido a la crisis económica han tenido que recurrir a ajustes económicos y a reducciones de plantilla".
El decreto ley sustituye al aprobado el pasado 15 de marzo por el Consejo y que no fue convalidado por el Parlamento en la sesión del 6 de abril, y no incluye la disposición adicional que provocó que fuera tumbado.
Ha indicado que la Junta ha considerado necesario tramitar con la máxima urgencia este nuevo texto con el fin de poner en marcha cuanto antes las contrataciones que realizarán parte de los ayuntamientos a través de la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria de los programas Emple@Joven y Emple@30+.
Otra de las modificaciones incluidas afecta a los incentivos a la contratación indefinida para mayores de 45 años, línea de ayudas en la que se incorpora como colectivo prioritario a trabajadores desempleados procedentes de procesos de despido colectivo en la industria manufacturera. El decreto ley especifica además que, tras su publicación en el BOJA, los ayuntamientos tendrán un mes más de plazo para presentar las solicitudes de los proyectos en las nuevas condiciones reguladas.
El decreto prevé más de 60.000 nuevos empleos y la Junta destinará un total de 396,80 millones de euros en 2016 al desarrollo de las medidas incluidas en la ley que ahora se modifica, lo que se suma a los 25,54 millones invertidos el pasado año.
