Indica que ya se han recuperado tres de los 90 millones reclamados en firme por la Junta por ayudas a la formación
SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reprochado al Gobierno central que no paralizara los cursos de formación después de que la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, detectara las "deficiencias" del sistema y defendiera que era necesario una nueva norma para subsanarlas, unas deficiencias que también, ha apuntado, señalaron el Tribunal de Cuentas.
Durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre el presunto fraude en la formación, Susana Díaz ha manifestado que han sido "dos años complicados en el conjunto del Estado" para la formación y ha criticado que la ministra del ramo "no haya llamado a los gobiernos que sufrían dificultades" con la formación, que les hubiera reunido para analizar las deficiencias del sistema y que el Gobierno de España "hubiera paralizado y modificado la norma".
Asimismo, la jefa del Gobierno andaluz ha lamentado que la ministra del ramo no acudiera a la comisión de investigación del Parlamento andaluz pues hubiera sido "fantástico" que hubiera explicado a los andaluces estos extremos relacionados con la normativa estatal.
Entretanto, Susana Díaz también ha informado en otro momento de su comparecencia de que de los 90 millones que el Gobierno andaluz ha reclamado en firme por ayudas a la formación, "un millón ya se ha abonado en voluntaria y dos millones en ejecutiva en el mes de marzo", por lo que entiende que ya en el mes de mayo las cantidades serán mayores.
Más concretamente, Susana Díaz afirmado que decidió mantener la paralización de las ayudas a la formación para tener la certeza de "si el procedimiento ha podido tener alguna fuga", que fue una medida "contundente" y no "tibia", y que gracias a eso no ocurre lo que le pasó a Báñez quien, como ha relatado, intentó impedir pagos al exconsejero y empresario Ángel Ojeda.
Ha explicado que Báñez pidió informes a los servicios jurídicos del Ministerio de Empleo "para evitar conceder subvenciones a ese señor, y le dijeron que no podía impedirlo porque en la gestión de lo público no cabe la discrecionalidad". Si esto lo hubiera hecho el Gobierno andaluz "no me imagino lo que hubiera tenido que escuchar y hasta donde hubiéramos llegado", ha dicho Susana Díaz.
"Entiendo que cuando gestiono lo público lo que gestiono son los impuestos de los ciudadanos y si hay millones de euros no gastados no se han perdido, están en las arcas públicas", ha explicado para defender que propuso al Gobierno central dos salidas, por un lado modificar la "injusta" norma de febrero de 2013 y lo que, según ha dicho, le pidió en dos ocasiones a Rajoy, "que con el dinero que era para Andalucía se pusiera en marcha un plan especial de empleo".
En varios momentos de su intervención, Susana Díaz ha señalado que las comparecencias de los interventores provinciales y del Interventor general de la Junta han "desmontado" el relato que "algunos quisieron construir" sobre que "aquí se había construido una gran conspiración para permitir el fraude", y ha rechazado que se hablara de "un procedimiento normativo especial para defraudar" porque "es el mismo que en el resto de España" e incluso el andaluz es "más garantista".
"LA MANTUVE PARALIZADA PARA GARANTIZAR QUE NO HABÍA FUGAS"
Susana Díaz ha defendido que no paralizó las convocatorias de formación sino que mantuvo la paralización de los anteriores gobiernos y que lo seguiría haciendo ante "una sospecha que parecía generalizada" y "para garantizar que no había fugas". "El principio que debe regir la actuación de quien está al frente de lo público es garantizar a los ciudadanos que no se gestiona ni un euro mal a sabiendas", ha dicho para argumentar su decisión más cuando "incluso había operaciones policiales que ya veremos cómo quedan y cuáles son sus consecuencias".
Ha reiterado que mantener paralizada la formación "fue lo correcto": "no porque piense que hay irregularidades sino porque necesitaba tener toda la seguridad de que esa convocatoria saliese con todos los instrumentos adecuados".
Sobre los informes de actuación de las intervenciones, Susana Díaz ha aseverado que es "inflexible e intransigente a la hora del cumplimiento de las normas" y que cuando el Gobierno recibió esos informes los remitieron a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas, y "puso en marcha las actuaciones".
Por otra parte, Susana Díaz ha sostenido que ligar la tasa de desempleo a la formación "es injusto" y ha puesto como ejemplo que a pesar de que las universidades salen jóvenes muy cualificados, tienen que buscar las oportunidades laborales fuera de Andalucía. "La formación tiene que adaptarse a un mercado laboral que tiene que generar oportunidades, por lo que se tiene que formar bien a los jóvenes pero también los empresarios tienen que crear empleo".
De otro lado, Susana Díaz ha explicado que la nueva convocatoria de cursos de formación en Andalucía va a adaptarse a la normativa estatal modificada, va a ser más garantista en el porcentaje de concesión, que pasa a ser de un 60 por ciento inicial y un 40 por ciento tras la justificación, así como no permitirá acogerse a ningún tipo de ayudas "quienes ya sancionado en este país por algo de corrupción: creo es una garantía que puede ser exportable para que se lleven a cabo en otros territorios".
LAS EXCEPTUACIONES, "PERFECTAMENTE LEGAL"
"El PSOE no se ha beneficiado de los cursos", ha sentenciado Susana Díaz cuando Marta Bosquet, de Ciudadanos, le ha preguntado por este asunto, y ha explicado la presidenta que lo que ocurre es que UGT y PSOE "comparten sedes desde 1908".
Sobre las exceptuaciones, ha defendido que es un procedimiento "perfectamente legal" y que su Gobierno no lo ha utilizado porque no ha habido convocatorias de formación en sus años al frente del mismo pero entiende que es "fruto de un sistema más garantista" que persigue "no perjudicar a terceros".
En su opinión, la justicia deberá determinar si alguna empresa ha defraudado y que caiga sobre ellas "todo el peso de la ley" mientras que "quien haya computado gastos no computados, debe reintegrarlo a las arcas públicas", ha dicho en respuesta al diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe.
"No sé si hay más irregularidades o menos pero si te llega un informe de la Cámara de Cuentas o alertas de los interventores, hay que aplicarlo y cumplirlo", ha respondido a la parlamentaria del PP-A Teresa Ruiz-Sillero cuyo debate con la presidenta ha sido más tenso y ha provocado hasta en dos ocasiones que el presidente de la comisión, Julio Díaz, haya reivindicado el "decoro parlamentario" y que "no se eleve el tono".
De su lado, el diputado del PSOE-A Rodrigo Sánchez Haro ha afirmado que al PP-A "se le ha caído el castillo de naipes" y le ha preguntado a la presidenta si estando en el Gobierno ha otorgado alguna de las subvenciones que se investigan, a lo que Díaz ha contestado que "ninguna".
Susana Díaz, para zanjar su intervención, ha dicho que "si somos leales con las conclusiones de la comisión, podemos dar ejemplo a otras comunidades que no investigan" la formación y ha querido tener un reconocimiento para los trabajadores que "han aguantado muchísimo". Además, ha dicho llevarse de la comisión la lección de que "para ser más garantista" hubiera hecho falta "más personal para revisar cada detalle de los expedientes".
Ha quedado demostrado, a su juicio, que "esa teoría rocambolesca de gran conspiración para diseñar un método que permitiese el fraude, que era el mismo que en toda España, era imposible", así como que "se ha constatado que no había menoscabo de fondos públicos". Por último, ha reivindicado su compromiso con lo público porque es la "pata fundamental" para la igualdad de oportunidades.
