La acusación denuncia que las dependencias carecen de las medidas de seguridad necesarias
SANTANDER, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 2 de Santander ha condenado a cinco años y medio de prisión a dos internos, padre e hijo, de El Dueso, en Santoña, que agredieron a un funcionario que les había pedido que no fumaran en las instalaciones del centro.
Los hechos sucedieron en febrero de 2010, cuando el empleado llamó la atención a uno de ellos, J.M.T., que estaba fumando en el Salón Cultural del centro, algo que está prohibido. El día antes, el funcionario le había vuelto a avisar, en este caso, por subirse a las mesas del salón.
El padre del interno, S.M.P., reaccionó insultando al funcionario, que pidió ayuda a sus compañeros y salió para ello hacia la garita de la entrada, pero los dos condenados le persiguieron y le impidieron, a empujones, patadas y puñetazos en la cara, que se marchara del lugar, llegando a arrinconarle contra una de las paredes de la oficina.
El padre alegó en el juicio que el funcionario había cometido un abuso de autoridad por reprender a su hijo, y que ese abuso le llevó a su reacción violenta, por lo que reclamó la atenuante de arrebato u obcecación, que no acepta el juez.
Así que ambos son condenados por sendos delitos de atentado (ataque a agentes de la autoridad) con lesiones, a tres años de prisión el padre, y a dos y medio, el hijo, además de a indemnizar al funcionario con 13.552 euros.
La reincidencia del padre es el motivo por el que su condena es mayor. S.M.P había sido condenado en el pasado por otro delito de atentado, además de a uno de resistencia contra agentes de la autoridad, por el robo de un vehículo, y por otro robo con violencia. En total, el conjunto de sus condenas sumaba cuatro años y dos meses de prisión.
Su hijo, por su parte, acumulaba condenas por un total de seis años y cuatro meses de prisión por delitos de lesiones, obstrucción a la justicia, tener armas sin licencia y robo con violencia
SIN MEDIDAS DE SEGURIDAD
La acusación critica que, pese a ser un lugar habitual de reunión de los reclusos, el Salón Cultural "carece de las medidas de seguridad necesarias" de las que sí disponen el resto de dependencias de El Dueso.
Entre ellas, refiere que no había cámaras de seguridad, mecanismos de alarma, o que sólo había un funcionario trabajando en esas dependencias, y haciéndolo además con un walkie talkie como único medio de comunicación.
Esta parte también efectúa el reproche de que hubo un retraso "injustificado" en la llegada del apoyo que había reclamado el funcionario al ser agredido --hasta cinco minutos--.
La acusación particular elevaba su petición de pena a ocho años de prisión, y pedía además la responsabilidad civil subsidiaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la infracción de los reglamentos, la "insuficiente" dotación de personal y la "falta de adopción" de las medidas "mínimas" de seguridad.
El Juzgado de lo Penal no se pronuncia sobre este aspecto, porque la acusación particular no se la trasladó así posteriormente a esa Administración.
