Aseguran que Izaguirre no tiene el apoyo de la Ejecutiva del partido ni de Revilla
CASTRO URDIALES, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los cinco concejales regionalistas de Guriezo cesados por el alcalde, Adolfo Izaguirre, le han exigido que convoque de forma urgente al Comité Local de Guriezo, del que es secretario, para que dé explicaciones sobre su decisión, "no consultada -según aseguran- con ningún órgano del partido".
En este sentido, han señalado que su cese es una "decisión personal" del alcalde que "no tiene el beneplácito" de la Ejecutiva del partido.
"No existe autorización por parte del secretario general, Miguel Angel Revilla, para que nos haya cesado y haya hecho un pacto con los partidos de la oposición", ha recalcado en rueda de prensa el portavoz del PRC en Guriego, Angel Llano, tras recordar que el Comité Local es el único órgano autorizado para tomar decisiones y para realizar pactos con otras formaciones políticas".
El 70% de los miembros del comité han empazado a Izaguirre a convocar en el plazo de una semana una reunión urgente del Comité Local -según los estatutos es él quien tiene que convocar como secretario- para que dé explicaciones de lo que ha hecho "a nivel particular y sin ninguna autorización".
Llano ha dicho que si no lo hace "tomará cartas en el asunto la Ejecutiva regional". Paralelamente, fuentes del PRC han señalado a Europa Press que la dirección regional está "a la espera" de la decisión del Comité Local.
En una rueda de prensa convocada en un restaurante de Castro Urdiales, el portavoz del PRC en Guriezo ha afirmado que Izaguirre "ha abusado de la confianza" que depositaron en él los cinco concejales regionalistas, ha denunciado su "poca transparencia y autoritarismo en asuntos trascendentales", y ha asegurado que sus objetivos "no responden a los intereses de los vecinos y del PRC".
Ha añadido que Izaguirre "solo pisa el ayuntamiento una vez cada siete días, cuando ya es imprescindible, que su concejalía -la de urbanismo- está "hecha un desastre", y ha denunciado la existencia de un "pacto de no agresión" entre Izaguirre y Felipe Garma por el que "ciertos asuntos personales urbanísticos con informes negativos en el Ayuntamiento están paralizados desde marzo de 2012".
