SANTANDER, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
Más de tres de cada diez empresas de Cantabria señalan que los aspectos que impactaron más desfavorablemente en sus negocios durante el año 2016 fueron la fiscalidad (32,1%), seguida de la demanda de su productos (30,9%) y la morosidad (30,5%). A ellas les siguen la regulación económica (28,4%), el entorno macroeconómico (28%), y la disponibilidad de financiación (19,8%).
Así lo recoge una encuesta de opinión sobre el entorno empresarial realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la última quincena de 2016 sobre una muestra de establecimientos que cubre todo el territorio nacional, todos los sectores económicos y los distintos tamaños de los establecimientos.
Los impactos más favorables en el negocio en Cantabria vinieron de la mano de la adecuación del capital humano (8,6%), factor que solo ocupa el primer puesto en esta comunidad; la demanda de sus productos (8,6%), y que se sitúa como primer factor en las 16 autonomías restantes; la disponibilidad de financiación (7,4%).
Los componentes del entorno empresarial a los que dan mayor importancia para su capacidad de crecimiento las empresas de Cantabria son la demanda de sus productos (54,3%), el entorno macroeconómico (42%) y la regulación económica (35,8%).
Asimismo, la encuesta del INE revela que menos de una sexta parte de los encuestados en Cantabria notaron un incremento en los recursos destinados a resolver trámites con las administraciones. El 12,8% apreció un repunte de los recursos dedicados a solventar trámites en la administración local y en la estatal, porcentaje que se eleva al 15,6% en el caso de la administración autonómica.
Además, el 11,9% percibió un aumento en los trámites añadidos que deben cursarse para operar en diferentes comunidades autónomas, porcentaje similar al que notó un incremento en los trámites para operar en distintas localidades de una misma comunidad. Por contra, el 2,1% y el 1,6%, respectivamente, apreció que estos trámites eran menores.
Por último, el INE señala que, de media, el 3,8% de los gestores empresariales consideran que la sustitución de las autorizaciones previas (licencias, permisos...) por declaraciones responsables supusieron algún beneficio, con porcentajes iguales para la administración estatal y local (3,3%), si bien en la autonómica suben al 4,9%.
