Gerente del SCS asegura que "no hay actuaciones ilegales ni trato de favor"

EUROPA PRESS
Publicado 23/05/2018 17:51:26CET

El subdirector de Gestión Económica dice sobre la demanda contra la jefa de Contratación, que "le ha manchado en toda España"

SANTANDER, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El director gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez Gil, ha asegurado hoy que "no hay actuaciones ilegales ni trato de favor" a terceros en la gestión del SCS y que "puede haber incidencias o errores administrativos, pero nunca una ilegalidad". "En el contrato de colaboración público privada (CPP) de Valdecilla están las verdaderas ilegalidades, y no sólo errores administrativos", ha espetado.

Pérez Gil ha asegurado que en la gestión del SCS bajo su mandato "no ha habido ningún perjuicio para la administración, al contrario, ni beneficio para terceros, pues todas las actuaciones se han realizado con arreglo a la ley y a la norma".

Tanto Pérez Gil como el subdirector de Gestión Económica del SCS, Javier González, han defendido hoy su gestión en la Comisión de Sanidad del Parlamento --donde han comparecido a petición de Podemos-- frente a las irregularidades denunciadas por la jefa del Servicio de Contratación del SCS en un correo electrónico dirigido en febrero a la consejera de Sanidad, Luisa Real, y también por el PP, y sobre las que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia presentada por Izquierda Unida.

Ambos han reiterado que las actuaciones y procedimientos que se denuncian son "habituales", se realizan "de similar o igual manera" en todos los servicios autonómicos de salud, son "ajustados a derecho" y se realizaron también en la anterior legislatura cuando gobernaba el PP.

"NO VEAN FANTASMAS"

"No vean fantasmas, no sean suspicaces, la realidad es más sencilla", ha afirmado el subdirector de Gestión Económica al cierre de su primera intervención. Ya en el segundo turno, en respuesta a preguntas de los grupos parlamentarios sobre la demanda que ha anunciado contra la jefa del Servicio de Contratación, Inmaculada Rodríguez, ha explicado que "se ha visto obligado".

"Personalmente a mí no me apetece, ni era mi primera intención, pero es que me ha manchado en toda España", ha declarado. No obstante, ha explicado que el procedimiento de la demanda está sólo iniciado, ahora hay un acto de conciliación con la funcionaria y "veremos a ver qué dice".

Por su parte, Pérez Gil ha dicho que confía "plenamente" en el subdirector y el equipo directivo del SCS, ha destacado que en las denuncias no se habla en ningún momento de "obras innecesarias o despilfarros", y ha acusado al PP de "levantar dudas y sospechas sin fundamento" sobre la contratación para "enturbiar la excelente gestión" del Servicio Cántabro de Salud tras "años de parálisis y continuismo".

Así, ha dicho que nunca antes se había conseguido reducir tanto las listas de espera ni la satisfacción de los usuarios de la sanidad cántabra era tan alta.

"Todo ha sido correctamente realizado, está sometido al control de la Intervención General y del Tribunal de Cuentas también, y ha permitido una modernización del SCS y de sus centros, así como una mejora en la asistencia prestada tanto cualitativa como cuantitativamente", ha dicho el gerente, quien ha advertido que todo este asunto "está deteriorando la imagen del SCS y dando una inseguridad al personal que será difícil de superar".

"En este momento profesionales, funcionarios y estatutarios honestos que han trabajado con eficacia y de forma impecable, se sienten inseguros y va a ser muy difícil encontrar personas dispuestas a ocupar puestos de este tipo", ha afirmado Pérez Gil, quien ha añadido que dos han quedado vacantes estos días en una convocatoria y ha pedido a los sindicatos de la mesa general que flexibilicen la postura a fin de que todas las plazas puedan cubrirse indistintamente con funcionarios o personal estatutario.

El gerente ha hecho un detallado balance de los avances de la sanidad cántabra en la presente legislatura frente a la anterior, que en su opinión se reduce a la finalización de las obras de Valdecilla, "mal finalizadas y sin pagar", con un contrato que supone una "hipoteca durante 20 años" y que según un estudio de la Universidad de Cantabria, tiene un coste de 102 millones más que realizándolo con medios propios.

ASISTENCIAS TÉCNICAS

Entrando en las denuncias concretas, sobre el "desembarco de asesores externos", el subdirector ha asegurado que las asistencias técnicas cuestionadas eran "necesarias y justificadas", y que son contratos públicos y conocidos, recogidos en el portal de transparencia y en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

También ha negado que asesores externos ocuparan el despacho de la
jefa de servicio, que según ha destacado, ha contado desde que se reincorporó al SCS en octubre de 2016 "con un despacho propio, amplio, luminoso y soleado".

Asimismo, ha asegurado que no se ha pagado ninguna obra que no se haya realizado y sin los informes correspondientes, y no se ha adjudicado ningún contrato por encima del precio de mercado, mientras que en algunos casos, se han adjudicado por cuantías que "nos constan son de las más bajas a nivel nacional y en este momento son referencia nacional".

Javier González ha cuestionado que el PP considere "sospechosos" seis contratos de asistencia técnica firmados con dos empresas durante dos años, que suman en total 84.000 euros, cuando en 2015 firmó un único contrato de asistencia técnica por cerca de 650.000 euros para realizar el control de calidad del CPP de Valdecilla.

El gerente ha añadido que el SCS siempre ha tenido expertos contratados debido a la escasez de plantilla con la que cuenta y la complejidad de algunos ámbitos. Ha explicado que gracias a dos contratos menores que ahora se cuestionan, de 14.900 euros, se ejecutó el proyecto de los laboratorios, que permitió un ahorro de más de 11 millones de euros en tres concursos, además de conseguir un modelo de laboratorios en red para toda la comunidad, único en España", mientras que el PP quería "privatizar e incluso cerrar dos de ellos".

Frente a ello, Pérez Gil ha dicho que en la anterior legislatura se firmaron contratos de expertos que "no tenían ninguna utilidad y no sirvieron para nada".

Por otro lado, al gerente le "sorprende" que el PP hable de supuesto fraccionamiento de contratos cuando la obra de Farmacia de Laredo se adjudicó en 16 contratos menores por un total de 632.000 euros a la misma unión temporal de empresas vascas y las obras se recepcionan 10 meses después de la fecha de las facturas.

Asimismo, ha dicho que todas las obras menores se han realizado con tres presupuestos y se ha adjudicado al más económico, cosa que "no sucedía en la anterior legislatura donde en la gerencia de Atención Primaria solo 17 de las 83 obras realizadas estaban con tres presupuestos".

Como suele ser habitual en estos casos, la comparecencia de los altos cargos del SCS ha cubierto las expectativas del PRC y el PSOE, no así las de los grupos de la oposición, que han considerado insuficientes sus explicaciones dada la "gravedad" de los hechos denunciados, y algunos, en concreto Podemos, ha anunciado nuevas iniciativas parlamentarias.

El portavoz del PP, Iñigo Fernández, el más crítico, ha asegurado que su grupo sale de la comparecencia "más preocupado" aún y ha opinado que "hay que tener muy poca vergüenza para venir aquí y hablar de Valdecilla para no dar explicaciones de su gestión", que "hoy es más oscura" y les ha invitado a acudir otro día al Parlamento a hablar de la gestión del PP, y de ese CPP "que han intentado tumbar sin éxito durante estos tres años".

Fernández ha vuelto a denunciar las adjudicaciones a empresas vinculadas con el hijo del alcalde de Suances, así como el desembarco de exaltos cargos de Osakidetza --el servicio vasco de salud--, que ha calificado de "desembarco de Normandía" que ha supuesto "el arrinconamiento de las empresas cántabras" en beneficio de otras provenientes de la comunidad vecina.

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