Se modifica la composición del órgano, que se mantiene en 20 miembros, y se limita su mandato a ocho años
SANTANDER, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves el proyecto de Ley que regula el Consejo Social de la Universidad de Cantabria. Este ha sido el acuerdo más destacado de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que se han tramitado diversos expedientes por importe de 1,1 millones de euros.
Según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta y consejera de Universidades, la nueva ley del Consejo Social de la UC, que reemplazará a la aprobada en 1998, modifica la composición de este órgano cuya misión es ejercer como elemento de interrelación entra la universidad y la sociedad, y limita el mandato de sus miembros a ocho años.
Seguirá teniendo 20 miembros, incluido el presidente, pero los representantes de la comunidad universitaria se reducen de ocho a seis y aumentan de 12 a 14 los miembros elegidos en representación de los "intereses sociales", con la novedad de que dos de ellos serán designados por el presidente del Consejo Social "entre personas de reconocido prestigio de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social".
Díaz Tezanos ha dicho que se trata de una ley "consensuada con todos los actores implicados" y se ha mostrado convencida de que "supone una oportunidad para potenciar el papel de la educación superior en Cantabria, pues se incrementa la interacción con los agentes sociales y se da una mejor respuesta a las demandas de la sociedad y del sistema productivo".
El proyecto de ley consta de 23 artículos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
Se amplía el objeto de la ley, que es la regulación de la naturaleza, los fines, competencias, composición, organización y funcionamiento del consejo social de la Universidad de Cantabria.
Como fines, la nueva ley contempla que le corresponde al consejo social de la UC la supervisión de las actividades de carácter económico de la universidad y del rendimiento de sus servicios, así como promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la universidad y las relaciones entre ésta y su entorno cultural, profesional, económico y social, al servicio de la calidad de la actividad universitaria.
COMPOSICIÓN
De los seis vocales que representan a la comunidad universitaria, tres serán natos -el rector, el secretario general y el gerente- y los otros tres serán elegidos por el Consejo de Gobierno de la UC de entre sus miembros.
Los 14 vocales que representan los intereses sociales de la comunidad autónoma deberán ser personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social y no podrán ser miembros de la propia comunidad universitaria.
Cuatro serán elegidos por el Parlamento de Cantabria, por mayoría absoluta; dos por los sindicatos; otros dos por las organizaciones empresariales más representativas; dos por el presidente del Consejo Social; y cuatro por el Gobierno de Cantabria -el director general de universidades, un director general de la Consejería de Economía, y dos designados entre personas con experiencia en los campos de la ciencia, la tecnología, de la administración pública, profesional, de la economía y del trabajo.
Además, se establece un periodo máximo de duración del mandado de los vocales de ocho años que la anterior normativa no contemplaba y se regulan de manera más extensa que en la anterior normativa los derechos y deberes de los vocales. En cuanto a la estructura orgánica del consejo social, funcionará en pleno y en las comisiones que se creen.
Por último, se establece una disposición transitoria que facilita el tránsito al régimen jurídico previsto en la nueva ley. El consejo social deberá en el plazo de tres meses elaborar su propio reglamento de organización y funcionamiento.
