La Intervención detecta una gestión "irregular" en la Zona Franca de Santander

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Actualizado 20/09/2017 9:54:14 CET

SANTANDER, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Intervención Regional de Cantabria no ha podido presentar informe de auditoría de las cuentas anuales del Consorcio Zona Franca de Santander, en el periodo comprendido entre el 18 de noviembre de 2016 y el 31 de diciembre del mismo año, por falta de información, además de que el inventario "no ofrece una mínima fiabilidad".

Así lo afirma la Intervención en el citado informe de auditoría, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) junto con las cuentas anuales del ejercicio 2016 de la Zona Franca creada en octubre del año pasado, y en el que habla de una gestión "irregular".

La Intervención ha denegado su opinión. "La importancia del riesgo alcanzado, la seria debilidad de los sistemas de control interno y la no obtención de evidencia suficiente de auditoría en un parte significativa del control, impide obtener una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría", señala en el documento.

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención Regional de Cantabria, ha auditado las cuentas anuales del citado periodo, que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de pérdidas y ganancias, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondiente al periodo referido y terminado en dicha fecha.

El Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de Santander es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la entidad y del control interno para que dichas cuentas "estén libres de incorrección material". Las cuentas fueron formuladas por la entidad Consorcio Zona Franca de Santander el 3 de marzo de 2017 y fueron puestas a disposición de la Intervención Regional de Cantabria el 14 de marzo de 2017.

La Intervención, que indica que el inmovilizado material del Consorcio asciende a 2,3 millones de euros y representa el 75% del valor total del activo, señala que el inventario que lleva la entidad "presenta importantes y significativas carencias y deficiencias, hasta el punto de no permitir ofrecer una mínima fiabilidad".

Además, subraya que no existe un procedimiento establecido sobre la gestión del inventario. "Los datos que ofrece la contabilidad no se corresponden en ningún caso con los registrados en el mismo, existiendo importantes discrepancias en todas las cuentas contables, tanto en lo referido al valor de adquisición como al de su amortización acumulada".

Asimismo, la auditoría no ha podido identificar, ni en inventario ni en contabilidad, la mayoría de las construcciones existentes, encontrándose bajo una denominación genérica, imposible de desglosar, dice, lo mismo respecto del resto del inmovilizado, especialmente, el de mayor antigüedad.

Tampoco ha sido posible a la auditoría conseguir obtener una valoración individualizada y justificada de los elementos necesarios para el informe, pues "no se ha aportado documentación justificativa suficiente, o bien, allí donde se obtuvo algo de información, las diferencias entre lo documentado, inventariado y contabilizado resultaban insalvables dada su imposible justificación".

La Intervención también pone de relieve que la entidad tiene dotada una reserva por actualización de balances, por importe de 476.300 euros, respecto de la que desconoce qué elementos del inmovilizado resultaron actualizados, ni en que cuantías y si además, dicha actualización tuvo reflejo en inventario.

Por todo ello, "dada la importancia y magnitud tan significativa de la limitación al alcance de nuestro trabajo, no podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas", indica.

Sin embargo, sí llama la atención sobre un aspecto de las cuentas anuales como es que el volumen de fondos propios asciende a 2.962.323 euros, lo que representa el 95% del pasivo. "pero en las cuentas no figura ningún importe en concepto de capital/fondo social, comprobándose que, a lo largo de la vida de la entidad, este concepto ha aparecido y desaparecido de forma intermitente".

Dada la existencia de una reserva de actualización de balances que se arrastra desde esta fecha y de la que se desconoce su aplicación, Intervención propone que se destine a capital y/o fondo social, "resolviendo con ello la ausencia de éste y eliminando por fin unas reservas respecto de las que se ha perdido información sustancial".

"IRREGULAR GESTIÓN"

Aunque no se reflejen en las cuentas anuales y no afecten a la "imagen fiel" de las mismas, la Intervención ha detectado una serie de "incumplimientos" que "conllevan una irregular gestión".

Así, indica que la entidad ha facturado en el periodo auditado 221.148 euros (en todo el ejercicio 2016, 1.192.272 euros) los cuales se imputan al concepto de "Prestación de Servicios" de la cuenta de Pérdidas y Ganancias. En la auditoría se explica que este volumen de ingresos responde a la aplicación de unas tarifas para dicho ejercicio que "en en ningún caso" cuentan con aprobación del comité ejecutivo, y tampoco han sido objeto de información y publicación, "desconociéndose los criterios que la entidad manejó para su fijación, determinación y aplicación".

Otro "incumplimiento" se refiere a la partida de gastos de personal, que ha ascendido en el periodo auditado a 101.232 euros (en todo el ejercicio 2016 a un importe de 500.948 euros).

Sin embargo, la Intervención denuncia que las retribuciones del personal que figuran en nómina "no responden a ninguna de las estructuras retributivas fijadas para los empleados públicos". Se reconducen a un solo epígrafe, "sueldos", y los importes "no se ajustan a ninguno de los fijados en la normativa vigente aplicable en función de grupos y categorías del personal". Además, no consta que la determinación y/o modificación de estas retribuciones, hayan sido puestas en conocimiento e informadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

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