Rosa Valdés asegura que Leticia Díaz sufre "una obsesión mercantilista y no cree en el servicio público de atención de emergencias"
SANTANDER, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
La diputada del PRC Rosa Valdés teme que el objetivo final de los recortes emprendidos por el Gobierno Regional en el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) sea su "disolución", por lo que ha exigido a la consejera responsable, Leticia Díaz, que aclare "hasta dónde llegará con la tijera", después de haber reducido el presupuesto y las inversiones y proponer el despido de una cuarta parte de la plantilla.
"Primero redujo los medios materiales, ahora va a por el personal e incluso tiene la desfachatez de cuestionar para qué le sirve contar con trabajadores si no tienen medios, aunque se le olvida decir que si esto es así es porque ella se los ha quitado", ha denunciado la parlamentaria regionalista.
A su juicio, Leticia Díaz sufre "una obsesión mercantilista y no cree en el servicio público de atención de emergencias", por lo que "parece que su único objetivo es acreditar que el SEMCA está en quiebra técnica, cosa que hasta el momento no ha conseguido, pero si lo logra el paso siguiente será la disolución, porque así lo establece la ley".
La diputada regionalista ha considerado por ello "muy fundado" su temor ante una posible desaparición de dicho servicio y se ha preguntado qué pasará si esta situación llega a producirse en Cantabria.
"A lo mejor la solución pasa por privatizar y contratar a una empresa amiga, como han contratado a tres directivos afines para un solo puesto, o tal vez nos dejen a los cántabros a nuestra suerte, porque eso sería lo más barato", ha aventurado.
Valdés ha asegurado que esta incertidumbre "está en la calle y la sufren cada día los trabajadores del SEMCA cuando acuden a su puesto sin saber si será su último día de trabajo", por lo que ha urgido a la consejera a poner fin a esta situación.
Asimismo, le ha instado a explicar por qué la auditoría realizada en este servicio ha sido contratada a una empresa consultora, "que ni siquiera es una auditora especializada", en contra de lo establecido en la Ley de Finanzas de Cantabria, la cual determina que es la Intervención General de la Comunidad Autónoma la encargada de elaborar anualmente el plan de auditorías.
Según ha precisado la diputada del PRC, la contratación de auditorías externas solo es posible en el caso de insuficiencia de medios en la Intervención General, situación que en este caso "ni se ha producido, ni se ha acreditado", por lo que en su opinión "todo indica que se ha realizado una auditoría a la carta, que dice lo que la consejera quería que dijera y que únicamente pretende justificar el desmantelamiento de un servicio básico esencial que, hasta la llegada del PP al Gobierno, había sido modélico en Cantabria".
