El Comité de Empresa denuncia al SEMCA ante la Inspección de Trabajo por no facilitarles documentación
SANTANDER, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Comité de Empresa ha denunciado ante la Inspección de Trabajo al SEMCA (la sociedad pública de emergencias) por no proporcionarles la documentación, y además está estudiando la legalidad de la auditoría en que se han basado desde la Consejería de Presidencia y Justicia para anunciar el Expediente de Regulación de Empleo, que afecta a una cuarta parte de sus 125 trabajadores.
En la denuncia, registrada este miércoles ante este organismo de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Cantabria, y a la que ha tenido acceso Europa Press, se advierte de que el hecho de que no se les envíe la documentación que reclaman está "vulnerando" el derecho a la información del Comité de Empresa y de las Secciones Sindicales.
La documentación que solicitan incluye relación de empleados que han sufrido bajas por enfermedad o accidentes, como un listado completo de categorías y empresas subcontratadas, además de la auditoría que ya estaba realizada.
Tal y como explican en la denuncia, el "único documento" con que cuentan es el informe sobre la auditoria de gestión realizado por Sterling y Goyria, "sin firmar", y en el que se basó el Gobierno para plantear medidas como el ERE o la externalización de determinados servicios.
Los servicios jurídicos de los sindicatos del Comité de Empresa están estudiando la legalidad de ese informe, que, según aseguran a Europa Press, ha hecho una empresa consultora, y no una auditora especializada.
Al examinar sus conclusiones, han detectado, de momento, el recurso al fraccionamiento de gastos por instalaciones o servicios que se comparten con otras áreas del Gobierno, pero cuyo pago corrió a cargo del SEMCA.
ACCESO A LA INFORMACIÓN
El Comité de Empresa incide en que el acceso a esa información es un derecho reconocido por ley en el Estatuto de los Trabajadores, por lo que la denuncia es por infracción de normas laborales, al incumplirse también, sostienen, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Según recuerdan en la denuncia ante la Inspección de Trabajo, los trabajadores han solicitado una serie de documentos "sin obtener respuesta", ya que, de hecho, el "único" que se les ha entregado es la auditoría encargada por el Gobierno .
La petición de documentación se hizo primero de forma verbal a al gerencia de la empresa, y luego, por escrito --el pasado 5 de marzo, sin obtener respuesta--, por lo que lo llevan a la Inspección de Trabajo, para que dicte requerimiento para que se les entregue, aunque, además, no descartan reclamarla judicialmente.
DOCUMENTOS SOLICITADOS
En concreto, la documentación que reclaman es una copia de la auditoría que ya había sido realizada por el anterior Gobierno, y un listado de datos sobre situación laboral de los trabajadores del servicio de emergencias.
Entre ellos, se encuentra el listado de bajas por enfermedad y su duración durante el año 2011, y el de las bajas por accidente y su duración en 2011, ya que los datos de la auditoría se corresponden con 2010.
Desde el Comité de Empresa alegan que las circunstancias, y la masa salarial esgrimida por el Gobierno, variaron entre 2010 y 2011, por circunstancias como una serie de emergencias (por ejemplo, la ciclogénesis) que requirieron que se recurriera a horas extras.
También sucedió que a partir de esas fechas, los trabajadores se negaron a que las bajas se sustituyeran por horas extraordinarias, lo que igualmente ha hecho que la masa salarial variara.
Entre la documentación que reclama el Comité de Empresa figura, asimismo, el listado de personas por centros de trabajo con sus categorías, o el coste real de los puestos por departamento.
Ya correspondientes a 2011, pide el listado de horas extraordinarias o el importe de las ayudas sociales concedidas, junto a los complementos de personal y trabajadores y su coste.
Y quieren conocer el coste de los salarios por encima de convenio, las empresas que han sido subcontratadas, y el propio coste de la auditoría encargada.
Una copia del estudio que se hizo sobre los riesgos psicosociales de su trabajo, y del nuevo organigrama y la nueva estructura jerárquica del servicio (con detalle de las funciones de los nuevos directivos), que conocen de forma verbal pero que quieren tener por escrito.
En el Comité de Empresa insisten en que esa documentación es "necesaria" para que puedan plantear propuestas, y lo reivindican como un "derecho", que, al no facilitárselo, está siendo vulnerado, lo que podría suponer un delito contra los derechos fundamentales.
Es un extremo del que han advertido al gerente de esta sociedad pública. Ante su negativa, opinan que esta obedeciendo órdenes de "altos mandos del Gobierno".
