SANTANDER, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma de Vecinos del barrio santanderino del Pilón ha registrado este lunes en la Delegación de Gobierno una carta dirigida al Defensor del Pueblo en la que le informa de la situación, y le demanda que contacte con el Ayuntamiento para instarle a que busque una solución a su problema, motivado por el desarrollo de una actuación prevista en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad que pone en peligro sus viviendas.
Y es que, en declaraciones a Europa Press, la portavoz de la Plataforma, Belén Madrazo, ha reconocido que los contactos del Ayuntamiento con los vecinos es "constante", si bien ha insistido en la necesidad de que, además de "buenas" palabras e intenciones --algo que, a su juicio, sí existe--, se haga algo para paralizar el desarrollo del Área Específica 3B del PGOU.
En este barrio, situado en General Dávila frente del campo de fútbol Uco Alciturri (antiguo Regimiento), se plantea, a través de una modificación PGOU, la construcción de 140 viviendas y 200 garajes por parte de una promotora privada, lo que requiere expropiaciones.
La Plataforma ya ha denunciado lo "injusto" que, en su opinión, es el justiprecio fijado por sus antiguas viviendas y afirma que el desarrollo de este área previsto en el PGOU les "dejaría en la calle y con cuatro duros".
La carta al Defensor del Pueblo registrada va acompañada de un dossier con información sobre su situación documentada con recortes de prensa, fotografías y un resumen de los hechos que se han ido aconteciendo. Además, se ha adjuntado documentación jurídica sobre aspectos que, a juicio de los vecinos, "no se han hecho bien".
El pasado jueves, 27 de agosto, el Pleno del Ayuntamiento de Santander aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos (PP, PSOE, PRC, Ciudadanos, Ganemos e IU) una moción para iniciar los trámites para paralizar temporalmente el desarrollo del Área Específica 3B del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La Plataforma confió en que "se plasme en hechos" antes de que se constituya la Junta de Compensación a principios de septiembre porque, de no ser así, "será difícil la marcha atrás" y se verán inmersos ya en procesos judiciales para evitar las expropiaciones.
