VALLADOLID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
La comunidad autónoma de Castilla y León pedirá dos tramos de 75 y 85 años --ahora hay uno sólo a partir de 75 años-- para recalcular el coste de la población mayor de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica en el que incluirá también computar también al alumnado universitario que también financian las comunidades autónomas, el gasto de la educación de 0 a 3 años y "otros indicadores relevantes" en Servicios Sociales, como el número de dependientes y su grado o el tipo de prestaciones que reciben.
Estas son las principales demandas de la comunidad autónoma de Castilla y León recogidas en el informe sobre el modelo de financiación autonómica que la Junta remitirá mañana, viernes, al Ministerio como "inicio" del debate sobre la reforma del sistema y que, según ha aclarado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, no hace referencia a todo el modelo sino a una serie de puntos también del vigente, como se pidió, por lo que no ha descartado que Castilla y León tenga más cosas que decir a lo largo del procedimiento.
Según ha detallado la consejera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el informe que remitirá Castilla y León pedirá un modelo con "carácter multilateral" en el que participen "todas las comunidades autónomas" y evitar así negociaciones bilaterales, una cuestión que "no es baladí" ya que, según ha recordado, Cataluña no ha participado hasta la fecha en los trabajos ni tampoco estuvo presente en la Conferencia de Presidentes de enero.
Castilla y León defenderá también la sostenibilidad del Estado del Bienestar desde la premisa de que las comunidades autónomas necesitan "recursos suficientes" que aseguren la prestación de las competencias "no sólo ahora sino a futuro", ya que, según ha lamentado, con el actual modelo se han perdido recursos "de manera abrupta" con la crisis.
Para Del Olmo, es necesario analizar la participación del Estado y de las comunidades autónomas en los diferentes impuestos que pagan todos los españoles ante la evidencia de que existe un desequilibrio entre lo que recibe la Administración General del Estado y las autonomías. Según ha explicado a modelo de ejemplo, la financiación de las comunidades subió un 0,3 por ciento entre 2010 y 2015 mientras que la recaudación creció un 14 por ciento que no ha llegado a los territorios.
