VALLADOLID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha anunciado este martes, tras asistir al Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que la Junta de Castilla y León destinará 1,8 millones de euros a reforzar los programas incluidos en la Red de Protección a las Familias.
Este incremento en las cuantías se debe a que el Gobierno ha confirmado este miércoles que la Comunidad recibirá "casi el triple" de financiación que el pasado año para la realización de programas sociales, debido, sobre todo, a que, según la Junta, "ha considerado criterios territoriales, como la dispersión, que suponen un mayor coste en la prestación de servicios en Castilla y León".
En concreto, según un comunicado de prensa de la Junta recogido por Europa Press, el Gobierno central otorgará 1,8 millones de euros a la Comunidad, frente a los 677.000 euros de 2014.
Esta "inyección" permitirá a Castilla y León incrementar en 25 el número de profesionales de los equipos de atención directa a las familias. Así, se "reforzarán" los 54 equipos que se encargan de apoyar a las familias y proteger a los menores, y que actualmente está formado por 154 profesionales, que se encargan de actuar de forma preventiva o de ayudar a las familias a abordar dificultades de convivencia.
Junto a esto, Marcos ha anunciado la creación de una nueva línea de ayudas a mujeres embarazadas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Otra parte del fondo aportado por el Gobierno central se dedicará, del mismo modo que se realizó en 2014, a la atención directa de los menores, a través del pago de ayudas de emergencia social para que las familias puedan cubrir sus necesidades básicas de subsistencia. En total, el pasado año en Castilla y León se destinaron a este tipo de ayudas 6,5 millones de euros.
REPARTO DE ALIMENTOS
Durante la reunión, la consejera ha solicitado que Castilla y León forme parte del grupo de trabajo permanente que se va a crear, en el seno del Consejo Territorial, para gestionar el Fondo de Ayuda Europea a las personas más desfavorecidas (FEAD), que tendrá una vigencia hasta 2020.
