BARCELONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) - La Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, las diputaciones y las entidades municipalistas han creado un convenio conjunto que "homogeneiza" la respuesta a la pobreza energética para que se sumen a la lucha las empresas suministradoras que todavía no han accedido a firmar un convenio, como recoge la Ley 24/2015. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han presentado este jueves el acuerdo, que requerirá que las empresas suministradoras de luz y gas no hagan ningún corte a familias vulnerables, y que esperan que firmen en dos meses, ha explicado el conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget. Propondrá que colaboren para afrontar "como mínimo" la mitad de los gastos derivados de la pobreza energética, a través de tarifas sociales, la condonación de la deuda acumulada y aportaciones económicas directas, y también creará un canal único para informar a los ciudadanos. Puigdemont ha destacado que el convenio detalla la preocupación de las administraciones ante la pobreza energética y propone medidas concretas y palpables que tengan "un único beneficiario: los ciudadanos", mientras que existen instrumentos para continuar empujando a las empresas a cumplir la ley. "Todas las administraciones, unánimemente, tenemos un objetivo común", el de erradicar la pobreza energética, y ha apelado al deber de corresponsabilidad de las suministradoras --más que nunca, ante la subida de los precios--, pidiendo colaboración para que haya resultados directos del acto de este jueves, al que ha asistido también la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa. "Determinaremos la importancia y el acierto si de aquí a un tiempo hemos conseguido que estos vulnerables sean más fuertes, y estos más fuertes sean más vulnerables a las demandas que hace la sociedad" de garantizar derechos universales, ha dicho el presidente. Colau ha lamentado que el convenio llega tarde, pero ha celebrado: "A partir de hoy no hay excusas, no hay interpretaciones, sino que sólo queda si se cumple o no" la ley, según ella, que ha avisado a las compañías reticentes de que no están hablando de buenas voluntades ni de mendigar ayudas, sino de respetar esta ley. "A partir de hoy, la pelota está en el tejado de las suministradoras", que generan beneficios millonarios comerciando con suministros básicos, por lo que asumir una parte contra la pobreza energética les representa una parte ínfima, según Colau, que da por hecho que las compañías firmarán el convenio. Ha avisado de que, si se niegan a firmarlo, aplicarán la ley con posibilidad de sancionarlas, y ha recordado que el Ayuntamiento ha abierto decenas de expedientes sancionadores con su instrucción propia --que Unesa intentó impugnar pero el juez no le dio la razón--, y ha advertido: "Ahora deben cumplir la ley. Ya no hay más tiempo para marear la perdiz". Baiget ha añadido que desde la Generalitat se han aplicado 75 sanciones, de entre más de 200 expedientes, y ha recordado que la ley es muy clara en su capacidad sancionadora ante cortes de suministros a familias vulnerables no comunicados a los servicios sociales. Hasta la fecha, han firmado convenios con la Generalitat 21 distribuidoras de agua, pero Baiget ha lamentado que en 2016 han presentado varias propuestas a suministradoras de luz y gas y ninguna de ellas ha manifestado la voluntad de firmar los convenios: "No esperaremos eternamente". La diputada de la Diputación de Barcelona Maite Fandos ha defendido que este nuevo instrumento refuerza la determinación de las administraciones catalanas para hacer responsables también a las suministradoras, y ha confiado en que el convenio "contribuya a que la gente de Catalunya pueda vivir con más calidad de vida". Desde la Diputación de Girona, Fermí Santamaria ha sostenido la necesidad de responder a un problema sensible, que en su demarcación afecta a alrededor del 17% de la población, y ha celebrado la actuación conjunta de las administraciones, porque la falta de medios para solucionarlo "sobrepasa las administraciones locales". En representación de la Diputación de Lleida, la diputada Rosa Maria Mora ha destacado el compromiso de su corporación provincial en la lucha contra las desigualdades sociales, y que el convenio contribuirá a que la situación "se suavice, y que se puedan dar una respuesta mucho más efectiva a esta problemática". La diputada de la Diputación de Tarragona Imma Costa ha elogiado el esfuerzo para dar respuesta a una situación que ha descrito como estremecedora, y ha garantizado: "Contaréis con el apoyo de la Diputación con el empeño de convertir Catalunya en un país libre de la pobreza energética y cualquier de sus variables". El vicepresidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) Jaume Collboni ha avisado de que la pobreza energética probablemente no desaparecerá pese a la recuperación económica, porque está basada en muchos casos en el empleo precario y ha defendido que el convenio pretende "que las suministradoras asuman sus obligaciones, que legales pueden ser, y morales son seguro". El presidente de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Xavier Amor, ha celebrado la suma de esfuerzos de las administraciones que supone el convenio, que asegura que avanza hacia una adecuada aplicación de la ley, y ha avisado: "Somos conscientes de las dificultades con las empresas suministradoras. Hay que sentarlas a todas". Desde la Associació Catalana de Municipis (ACM), su presidente, Miquel Buch, ha coincidido en celebrar que "las instituciones catalanas estén todas juntas caminando" para combatir la pobreza energética, y ha lamentado que el Gobierno central recurriera la Ley 24/2015 y que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera artículos referentes de la emergencia habitacional.
