CEUTA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un dispositivo formado por 90 agentes de la Policía Nacional y 30 de la Policía Local ha ejecutado durante la mañana de este jueves en Ceuta el desalojo de 206 viviendas asaltadas por okupas la madrugada del pasado 25 de septiembre en una barriada de la periferia de la ciudad autónoma.
El lanzamiento se ha desarrollado sin incidentes conforme al mandato judicial, que instó a "identificar" a los ocupantes y a utilizar "la mínima fuerza imprescindible" para entrar en las casas.
El autor del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, también exige el "precinto de cada piso en concreto" y el apercibimiento a los desahuciados "de que el acceso al edificio de la promoción podría constituir un delito de quebrantamiento de medida cautelar".
El juez ha librado, además, un oficio a los Servicios Sociales de la Ciudad "dando cuenta de la situación de desvalimiento y desamparo en que se podrían quedar los ocupantes de las citadas viviendas a consecuencia del desalojo ordenado".
El consejero de Fomento del Gobierno de Ceuta, Néstor García (PP), se ha congratulado en declaraciones a los medios por la "rápida y contundente" actuación policial, que ha alabado, y ha explicado que la promoción de viviendas queda a la espera de que el administrador concursal de su promotora promueva una subasta para que la SAREB, propietaria de los créditos concedidos, pueda cobrar para que se terminen las obras y se puedan conceder las licencias de primera ocupación a los compradores de las casas, empantanadas desde hace una década.
Tanto la Admnistración Concursal de 'Vial Inmuebles' como la Fiscalía habían reclamado el desalojo cautelar de los okupas, a los que se cortaron todas las conducciones de electricidad y agua del entorno para impedir enganches irregulares como los que ya se habían ejecutado a las pocas horas del asalto.
El auto estima que para el lanzamiento "el principio de legalidad se cumple sin lugar a dudas" y que "concurre la exigencia del 'fumus boni iuris', pues la Policía Nacional da cuenta minuciosa en su informe de cómo sobre las cuatro y cuarto de la madrugada [del 25 de septiembre] se dio aviso de la ocupación de diversos pisos en la promoción de Huerta Téllez y de cómo se había cambiado el candado de la entrada".
También estima que "existe igualmente el 'perículum in mora' o riesgo de la tardanza en atajar una situación que requiere una respuesta rápida pues el lapso de tiempo que requiere la tramitación de la presente causa penal podría ser aprovechado por los ocupantes de la finca para hacer imposible, o de difícil realización, la responsabilidad civil que se pudiera reconocer en una eventual sentencia condenatoria, fundamentalmente, en lo relativo a la preservación del inmueble y del derecho de la promotora a la integridad y posesión de los pisos vendidos".
