CEUTA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los cien inmigrantes sirios que desde el pasado 5 de mayo permanecen acampados en la Plaza de los Reyes, en pleno centro de Ceuta, reclamando su traslado al continente europeo tras permanecer hasta 8 meses en la ciudad autónoma aguardando la resolución de los expedientes administrativos sobre su situación irregular en España entregarán este miércoles en la Delegación del Gobierno las "más de 3.000 firmas" ciudadanas que han reunido durante las últimas semanas en apoyo de su reivindicación.
Diferentes organizaciones no gubernamentales, asociaciones y partidos políticos como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Andalucía Acoge, Elín, SOS Racismo, Digmun, el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC), la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), Pedagogía Ciudadana y la coalición Caballas apoyan la causa de los sirios, que denuncian haber "huido de una guerra" para quedar "atrapados en una cárcel".
Durante el año pasado llegaron a Ceuta un total de 54 inmigrantes sirios. Durante los cinco primeros meses de 2014 lo consiguieron otros 145, un número casi equivalente al de los que siguen acogidos en la ciudad autónoma, aunque según el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, en el asentamiento instalado ante la institución que dirige no hay nadie con una antigüedad anterior a "febrero".
El Gobierno local, que se ha ofrecido a pagar una pensión a las madres sirias con niños lactantes que duermen en tiendas de campaña en la Plaza de los Reyes, entre otras alternativas a su situación actual, ha abierto un expediente administrativo para encontrar una fórmula "legal" con la que "hacer cumplir las Ordenanzas municipales" y desalojar el campamento.
"La acampada limita que los ciudadanos utilicen el espacio público para lo que está concebido y ese perjuicio se está haciendo gratuitamente porque la presión no va a resultar efecto", ha lamentado el presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), al que la Delegación del Gobierno viene urgiendo desde hace semanas a actuar con el argumento de que sobre todo los menores no están en condiciones aceptables en el asentamiento.
Hasta ahora ni el Área de Menores de la Administración local ni la Fiscalía han respaldado este criterio, por lo que no se han instado resoluciones de desamparo ni se ha requerido una intervención policial, como sí sucedió con una movilización similar en otoño del año pasado.
