El Bloc defiende el requisito lingüístico en la administración pública porque el valenciano "está en recesión"

Actualizado: miércoles, 18 noviembre 2009 19:47

VALENCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ejecutiva nacional del Bloc se ha adherido formalmente al manifiesto a favor del conocimiento del valenciano para el acceso a un puesto de trabajo de las administraciones públicas, una iniciativa promovida por entidades cívicas, sociales y culturales de la Comunitat porque el valenciano está en un claro proceso de recesión tanto en estas instituciones como en los medios de comunicación" y considera que "desde la Generalitat y muchos ayuntamientos de la Comunitat no se está haciendo cumplir la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano y se está marginando la lengua".

El secretario general del Bloc, Enric Morera, aseguró en un comunicado que el hecho de "exigir el requisito lingüístico no es ninguna discriminación, es una manera de asegurar que los funcionarios saben nuestra lengua y van a respetar a los ciudadanos que la emplean". Además, resaltó que saber valenciano es "algo enriquecedor que no va contra nadie, sino que supone conocer y usar una lengua más que es patrimonio de todos".

A su juicio, el uso del valenciano "está en un claro momento de recesión en las administraciones públicas", por lo que consideró que "hace falta potenciar más la lengua" y añadió que, para ello, "el requisito lingüístico una medida muy necesaria".

El manifiesto al que se ha adherido lo impulsó Escola Valenciana, Acció Cultural del País Valencià e Intersindical Valenciana con motivo de la próxima reforma de la Ley de la función pública valenciana, que no establecerá el requisito lingüístico a la hora de acceder a una plaza de trabajo en la administración pública.

El texto recoge que, tras 26 años de aprobación de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, que establece que todo el personal de las administraciones y de sus servicios dependientes que atienden el público deben tener el "conocimiento suficiente del valenciano", "todavía no ha habido ningún desarrollo legal que lo lleve a la práctica". De esta forma, el texto lamenta que, según los datos de la Generalitat, "sólo en un 1,2 por ciento de las plazas de esta administración se requiere ningún conocimiento".

Así, el texto exige que en el proceso de selección a un puesto en la administración pública, "las personas aspirantes deban acreditar el conocimiento de valenciano, tanto en la expresión oral como en la escrita".

Según argumenta, "hay una discriminación indiscutible contra las personas que hablan valenciano o que quieren usarlo" y, sin embargo, para acceder a la administración valenciana "sólo existe el requisito lingüístico castellano" y, en cambio, "el valenciano, aun cuando el Estatuto dice que es 'la lengua propia' y la Ley de Uso la considera 'la más peculiar señal de identidad' como pueblo, no pasa de ser un mérito, en el mejor de los casos", pero nadie debe acreditar su conocimiento "ni en la Generalitat, ni en las diputaciones, ni en la mayoría de los ayuntamientos, ni tampoco en la administración del Estado o de Justicia en la Comunitat Valenciana".