VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha afirmado este miércoles respecto al futuro de la empresa pública Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia, que "no es una cuestión de disolución porque el problema no es la empresa, sino la gestión", una dirección política que "ha fallado" y "eso no lo tienen que pagar los trabajadores, que realizan una labor que es necesaria y que hay que conservar".
Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Les Corts, donde ha señalado que "el problema no son las empresas públicas, sino la gestión", ya que en el caso de Divalterra había 12 informes técnicos que alertaban de la irregularidad de los contratos: "Los mecanismos no han fallado, la dirección política sí".
Ha avanzado que si el PP gana las elecciones y gobierna en la Generalitat o en las corporaciones provinciales propondrá que las empresas públicas sean sometidas "exactamente a los mismos controles que la administración pública pura y dura" por la Intervención y la Abogacía y se crearán plazas de funcionarios habilitados a nivel nacional y autonómico para poder desarrollar esos controles de legalidad y económicos "para evitar estos casos".
Además, se ha mostrado "atónita" ante el hecho de que la cogerente de Divalterra Agustina Brines --detenida en la Operación Alquería-- no haya renunciado al cargo y siga siendo militante de Compromís: "Exigimos medidas contundentes, las mismas exactamente que pedían al PP, ya están tardando".
Bonig ha lamentado que Compromís "no está teniendo cogerencia y asumiendo responsabilidades políticas" ante este caso de presunta corrupción, ha dicho, porque "hay una responsabilidad política del PSPV, pero Compromís no se puede ir de rositas".
