Detecta problemas en el cobro de ayudas públicas para autónomos y desempleados
MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha demandado a la Inspección de Trabajo que actúe de oficio ante las quejas recibidas por "quienes por necesidad se ven abocados a aceptar trabajos en los que no se garantizan sus derechos laborales, con jornadas superiores a las fijadas en el contrato y salarios inferiores a los establecidos en los convenios de aplicación".
En su informe anual correspondiente a 2014, la institución recalca que esta actuación de oficio para sancionar "abusos detectados" corresponde a la Inspección de Trabajo. "Es exigible que articule todos los recursos posibles para evitar que se produzcan estas actuaciones reprobables y actúe con la mayor eficacia en su detección y sanción", sostiene.
Por otro lado, el informe enumera una serie de quejas relacionadas con el cobro de las ayudas públicas puestas en marcha para el impulso de la actividad emprendedora o para la protección en situaciones de desempleo.
En primer lugar, la Defensora del Pueblo señala que las ayudas a los autónomos son sometidas al régimen de concesión directa, por lo que están sujetas a las disponibilidades presupuestarias. Esto hace que, "con frecuencia, las administraciones aprueben este tipo de ayudas sin calibrar correctamente el número potencial de solicitantes y sin tener suficiente presupuestos para atender su abono", explica.
"Este desajuste entre el presupuesto existente y el necesario ocasiona que muchos ciudadanos inician una actividad empresarial y realizan el necesario desembolso económico, y mantiene sus actividad en la confianza legítima de que percibirán la ayuda necesaria para hacer frente a parte de los gastos derivados de su establecimiento como trabajador autónomo, y finalmente, ven frustradas sus expectativas y no perciben ayudas pese a cumplir con todos los requisitos, por falta de disponibilidad presupuestaria", denuncia el informe.
El informe precisa que las demoras en los pagos de las ayudas del programa de Recualificación Profesional (Prepara) y la resolución de los recursos de alzada _recursos interpuestos ante la Administración_ relacionados con el programa, continúan siendo los problemas más comunes en cuanto a la gestión y tramitación de esta ayuda.
Asimismo, Becerril señala que sigue constatándose la persistencia de demoras en la percepción de ayudas y subvenciones públicas en apoyo del empleo autónomo y para la realización de cursos de formación para el empleo. "Y siguen siendo numerosas las quejas recibidas de quienes esperan que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) abone la parte de salarios e indemnización que legalmente le corresponde tras su despido en los casos de insolvencia empresarial", añade.
No obstante, señala que, con el fin de atender el incremento de recursos actual y el previsible en esta materia, dada la prórroga del programa, la Secretaría Técnica del Ministerio de Empleo ha suscrito un convenio de colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para establecer un refuerzo temporal de tres funcionarios que apoye al equipo que tramite las altas, cuya demora alcanza en ocasiones los años desde la resolución correspondiente.
La Defensora del Pueblo también recomienda a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social que busque "nuevas fórmulas" para que las empresas cumplan su obligación de abonar las cuotas destinadas a la financiación de un convenio especial a favor de trabajadores de 50 años o más, afectados por despidos colectivos, en tanto que la sanción económica aplicable en estos casos "no resulta disuasoria".
