MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las más de 1.368.000 empresas asociadas a las mutuas de accidente de trabajo han suscrito un manifiesto en el que reclaman al Gobierno que les devuelva la dirección y la responsabilidad de gestionar estas entidades, "sin injerencias" por parte de la Administración.
En dicho manifiesto, firmado por cada una de las 20 mutuas que conforman la patronal AMAT en nombre de sus empresas asociadas, se señala que los órganos de gobierno de las mutuas deben disponer de plena capacidad organizativa, económica y presupuestaria, y de autonomía de gestión y ejecución, todo ello con la máxima transparencia y respetando las funciones asignadas por la Administración.
También solicitan que los empresarios asociados cuenten con la debida autonomía de gestión respecto del funcionamiento interno de las mutuas, estando únicamente condicionados por la asignación económica que se apruebe como presupuesto, y que se impulse un marco de "libre y leal competencia" entre las mutuas para la captación de empresas.
Como incentivo para mejorar su gestión, las empresas solicitan que los resultados derivados de la colaboración en la gestión de prestaciones públicas repercutan "directamente" a favor de las empresas asociadas y de las propias mutuas, posibilitando la recuperación y dotación del patrimonio histórico de estas entidades, sin perjuicio de que se hagan las aportaciones que correspondan a la Seguridad Social.
También plantean que las mutuas puedan optimizar sus recursos sanitarios, ofreciendo y realizando pruebas e intervenciones quirúrgicas en favor de los trabajadores que hayan sufrido un accidente o enfermedad laboral, sin más requisito que su aceptación voluntaria.
Asimismo, reclaman que la fiscalización de la Administración sobre las actuaciones de las mutuas se centre "exclusivamente" en velar por la mejora de la calidad de servicio, garantizar la adecuación a las previsiones legales de las cuantías económicas a las que tienen derecho los trabajadores y deben percibir, y verificar la solvencia de las mutuas.
"Para ello, los empresarios aceptamos someter a las mutuas al control y fiscalización de los correspondientes órganos de la Administración Pública bajo principios de seguridad jurídica; con normas y criterios claros, homogéneos y permanentes, previamente conocidos por las mutuas; suprimiendo la retroactividad y eliminando cualquier posibilidad de ajuste contra el patrimonio histórico de estas entidades, y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda corresponder a los miembros de la Junta Directiva y directivos de las mutuas", reza el manifiesto.
En el documento, elaborado por AMAT y del que la CEOE informó en su día a sus organizaciones territoriales, las empresas asociadas a las mutuas también rechazan que las relaciones laborales de estas entidades se asimilen al personal de la Administración Pública.
LA NUEVA LEY DE MUTUAS.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de julio proyecto de ley que reforma las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que establece un nuevo marco normativo para estas entidades.
La norma articula la participación de los agentes sociales, incluidos los autónomos, en sus comisiones de control y seguimiento, y deja clara la naturaleza jurídica pública de los recursos económicos que financian a las mutuas y de las prestaciones que gestionan.
La ley contempla que las retribuciones de los altos cargos de estas entidades se adaptarán a las correspondientes en el sector público; la prohibición a sus directivos y miembros de la comisiones de control y seguimiento de celebrar contratos de obras, servicios y suministros con la mutua (también a sus parientes y a las empresas participadas desde el 10% o en las que cualquiera de ellos sea directivo), y la obligatoriedad de que las mutuas vendan sus sociedades de prevención antes del 1 de abril de 2015.
Con la nueva regulación, cargos, sueldos, contratos y cualquier otro mecanismo de funcionamiento estarán regulados. El proyecto define cuáles deben ser las funciones de presidente y gerente de una mutua y las retribuciones del personal directivo (contrato de alta dirección), al tiempo que da transparencia a la retribución complementaria. Será la Junta Directiva quien determine, de acuerdo a los conceptos que se fijen reglamentariamente, dichas retribuciones.
Por otra parte, el proyecto de ley reforzará el control sobre los fondos que gestionan las mutuas y extremará también los controles sobre estas entidades, pues gestionan recursos y prestaciones públicas.
En cuanto a las reservas y los excedentes, el texto normativo define el destino del excedente resultante de las cotizaciones destinadas a cada una de las contingencias -comunes y profesionales- una vez descontadas las reservas correspondientes.
