MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) ha rechazado el intento de Argentina de recusar al árbitro propuesto por Repsol en el litigio emprendido por la compañía española para reclamar una indemnización por la expropiación de YPF.
En concreto, el Gobierno argentino propuso la descalificación del árbitro propuesto por Repsol, el chileno Francisco Orrego Vicuña, y del propuesto por el propio Banco Mundial, el mexicano Claus von Wobeser.
Esta reclamación ha sido desestimada por el presidente del órgano administrativo del Ciadi, que decidió hace apenas cuatro días, el pasado 13 de diciembre, dar continuidad a este litigio internacional.
De hecho, el proceso había quedado suspendido el pasado 18 de julio, tras la petición de recusación presentada por Buenos Aires. Entre ese momento y finales de agosto, tanto Repsol como las autoridades argentinas fueron presentando sus argumentos acerca de la idoneidad o no de Orrego Vicuña y de Von Wobeser como posibles árbitros.
Tras el desbloqueo de la situación, este arbitraje continúa su marcha. Lo hace a pesar del reciente acuerdo preliminar entre Repsol y Argentina acerca de una compensación por valor de 5.000 millones de dólares en bonos argentinos por la expropiación del 51% de YPF.
El preacuerdo incluiría el compromiso de Repsol de retirar las distintas reclamaciones judiciales emprendidas para exigir la compensación. Sin embargo, la retirada de los litigios solo se produciría si existe un acuerdo definitivo, aspecto en el que trabajan los equipos de la compañía española junto a autoridades argentinas. Repsol quiere contar con garantías suficientes.
El procedimiento arbitral en el Ciadi comenzó el 18 de diciembre de 2012, apenas ocho meses después del anuncio de expropiación de la participación mayoritaria de Repsol en YPF.
El tribunal de árbitros lo completa la francesa Brigitte Stern, quien aceptó el pasado 25 de marzo participar en este órgano a propuesta del Gobierno argentino.
Las reclamaciones interpuestas por Repsol en los tribunales han obstaculizado las inversiones de terceros en el yacimiento argentino de Vaca Muerta, factor que ha llevado al Gobierno de Cristina Fernández a promover un acuerdo amistoso con Repsol que dé fin al contencioso por la expropiación de YPF.
