BRUSELAS, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Agricultura, Miguel Ángel Arias Cañete, ha defendido este miércoles antes sus colegas europeos que el principio de equivalencia para reconocer medidas medioambientales alternativas a las fijadas por la Comisión Europea para recibir ayudas directas agrícolas en el futuro se basen "en efectos similares" medioambientales y no en "las mismas prácticas" que exige Bruselas.
El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha propuesto reservar el 30% del presupuesto para ayudas directas a los agricultores a partir de 2014 en el marco de la reforma de la política agrícola común que negocian los Veintisiete para cumplir las tres medidas medioambientales que ha fijado para recibir dichas ayudas: mantener el pasto permanente, la diversificación de cultivos o barbecho obligatorio para un 7% de la superficie de la explotación.
No obstante, el comisario ha abierto la puerta a contemplar a aceptar tener en cuenta otras prácticas mediambientales agroambientales que ya aplican los Estados miembros y están financiados en el marco de las ayudas al desarrollo rural a condición de que se cree un sistema que garantice su equivalencia.
El ministro español ha admitido que para España la propuesta de tener en cuenta las medidas agroambientales y climáticas del segundo pilar, así como los sistemas de certificación medioambiental a nivel regional o nacional a la hora de evaluar el cumplimiento de las medidas medioambientales exigidas por Bruselas supone "un avance en la buena dirección" pero ha insistido en que "la equivalencia debe basarse en efectos simulares no en las mismas practicas porque si no estaríamos hablando de la misma medida".
"La equivalencia debe aplicarse exclusivamente en la parte de la explotación afectada por la medida agroambiental y no en toda la explotación porque las explotaciones pueden abarcar diversas orientaciones productivas", ha recalcado el ministro durante el debate público que han mantenido este miércoles los Veintisiete sobre las ayudas directas que Bruselas quiere reservar en el futuro para criterios ambientales.
Arias Cañete ha defendido que la evaluación de estas medidas "debe ser sencilla, flexible y sin que represente una carga excesiva de gestión ni para la rentabilidad de las explotaciones" y "el sistema de reconocimiento de la equivalencia tiene que ofrecer suficientes garantías jurídicas no sólo para los agricultores sino también a los Estados miembros que hagan uso de esta posibilidad".
Para ello, España considera que "la Comisión debería desarrollar un marco normativo común, que establezca unos criterios generales y sirva de orientación a los Estados miembros a la hora de aplicar la regla de equivalencia" pero "dejando a su vez margen suficiente para contemplar las especificidades de cada país, especialmente en lo que respecta a los sistemas de certificación medioambiental que no estén desarrollados a nivel comunitario".
El ministro ha dejado claro que España está "de acuerdo con evitar la doble financiación" de medidas ambientales a través de las ayudas directas y para desarrollo rural pero considera que "ese riesgo no existe ya que desde el punto de vista de la naturaleza de las ayudas".
"Un pago agroambiental responde a un lucro cesante o la pérdida de ingresos, mientras que un pago por componente verde es un pago de ayuda desacoplada, sin cuantía fija y no es compensatoria de ningún lucro cesante. Así se entiende en el caso de la producción ecológica que tiene derecho al pago ipso facto al pago verde adicional sin cuestionar el apoyo en el segundo pilar (desarrollo rural)", ha precisado el ministro.
El ministro, que en el pasado ha criticado la propuesta de reforma de la PAC por considerar excesivo reservar el 30% de las ayudas directas a los agricultores al cumplimiento de criterios medioambientales, ha defendido este miércoles que "la configuración de este nuevo componente verde debería establecer unas prácticas que sean sencillas, que se adapten a la diversidad productiva comunitaria, que no afecten a sostenibilidad económica de las explotaciones y que no impliquen mayores cargas administrativas a los Estados miembros".
Ciolos ha dejado claro que para poner medidas alternativas medioambientales no deben provocar "distorsiones en términos de complejidad y efectos positivos para el medio ambiente" y ha insistido en que deberán perseguir "los mismos objetivos" de protección medioambiental y garantizar "la buena utilización de los fondos europeos".
Asimismo, ha insistido en que hay que "evitar que haya doble financiación" para estas medidas ambientales -de las ayudas directas y las ayudas al desarrollo rural-- y ha defendido que la equivalencia se base en "la equivalencia de prácticas" y "no necesariamente de finalidad" porque ello requeriría contar con indicadores matemáticos para valorar el resultado final de la medida medioambiental y al considerar que será "más simple" de controlar.
Dinamarca ha defendido la necesidad de contar con "una evaluación específica de la equivalencia" de las medidas medioambientales y "la autorización previa o ex ante" de la Comisión Europea para aceptar estas medidas.
Por su parte, Bélgica ha defendido que los Estados miembros puedan elaborar una lista de medidas alternativas que se aprueben "ex ante por la Comisión" y dar al agricultor la posibilidad de elegir entre las medidas de la lista para que se ajusten a su "situación específica".
