El CERMI califica de "devastador para lo social" el nuevo modelo de gestión del 0,7% del IRPF

Presentación de la campaña “X Solidaria” 2016.
EUROPA PRESS
Publicado 19/06/2017 15:20:40CET

   MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Comité Español de Representantes de Personas con discapacidad (CERMI) ha calificado como "devastador para lo social" el nuevo modelo de gestión de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), pactado entre el Gobierno y las comunidades autónomas y propuesto por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, según ha informado la organización.

   Este nuevo modelo, que, según el CERMI, cuenta con la "oposición unánime" del tercer sector estatal de acción social, supone que el 80% de los recursos pasarán a las comunidades autónomas y el "exiguo" tramo estatal contará "sólo" con un 20% de los fondos.

   La ONG critica que este acuerdo provocará el "debilitamiento extremo" del tejido social de ámbito estatal, con la pérdida de programas "coordinados" y "coherentes" de gran alcance para la inclusión y el bienestar de amplias capas de la población con mayores necesidades sociales.

   Por ello, el CERMI manifiesta su "rechazo total" a esta decisión, que considera "profundamente perjudicial" para la cohesión social en España, que, en su opinión, ignora las demandas del tercer sector de acción social.

   Además, anuncia una estrategia de contestación activa, de presión y de incidencia política para revertirla, y exigir del Gobierno "fuentes alternativas de financiación estables, suficientes y seguras" para la continuidad de los programas sociales de escala estatal.

RECHAZO DE LA PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR

   La Asamblea de la Plataforma Tercer Sector-PTS Estatal, de la que forma parte el CERMI votó este miércoles 14 de junio en contra del nuevo modelo y lo hizo por unanimidad. La Plataforma había pedido al Gobierno un reparto 50/50 de la recaudación.

   Según el documento aprobado por la Asamblea, al que tuvo acceso Europa Press, las organizaciones se desmarcan por entender que la propuesta acordada es "profundamente negativa".

   Además, advierten de que en el 20% estatal se incluirían también los abintestados, es decir, los bienes de las personas que mueren sin dejar testamento, por lo que las ONG consideran que serían un porcentaje incluso aún inferior al 20% de la recaudación.

   "Queríamos un tramo estatal con un bloque de programas, sólidos, amplios, innovadores y que asegurasen el fortalecimiento de las organizaciones del Tercer Sector de ámbito estatal para seguir construyendo un tejido al servicio de políticas sociales transversales basadas en la igualdad, la equidad, la solidaridad y la redistribución", añaden en la resolución.

   Por otro lado, el Tercer Sector lamenta que se haya decidido plasmar la decisión en el acuerdo del Consejo Territorial sin redactar un Real Decreto en el que se recoja la regulación del tramo autonómico para dar seguridad jurídica a la decisión. Sí habrá un Real Decreto del tramo estatal en el que las ONG reclaman que se incluyan algunas garantías básicas del tramo autonómico.

   Asimismo, señalan que el acuerdo alcanzado es de carácter provisional y se revisará en el plazo de un año, por lo que han solicitado al Ministerio garantías de futuro sobre posibles mejoras del modelo y la participación de la Plataforma en el proceso de revisión.

FINANCIACIÓN SUFICIENTE, SEGURA Y ESTABLE

   En todo caso, tras esta decisión, las ONG reclaman al Gobierno fuentes de financiación alternativas "suficientes, seguras y estables", así como "mantener y hacer eficaz" el proceso de diálogo que "permita robustecer" el Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal.

   En definitiva, el Tercer Sector advierte de que el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas "no es el que necesitan más de 7,2 millones de personas beneficiarias" para disponer de "garantías de futuro de una correcta y continuada atención".

   "No es el acuerdo que permite continuar y robustecer al Tercer Sector de ámbito estatal ni autonómico, y no es el acuerdo que ofrece las debidas garantías, de manera suficiente y plasmada en una norma, sino que abre un frente de incertidumbres e inseguridades sobre si los fondos del 0,7% tendrán una aplicación finalista social hacia las personas de los colectivos que han sido objeto tradicionalmente del 0,7%", señala el escrito.

   Por ello, el Tercer Sector exterioriza su "desacuerdo y disconformidad" con el nuevo modelo 0,7% del IRPF por el trato "inadecuado" y "poco transparente" del proceso de interlocución.

   En todo caso, la Plataforma de Tercer Sector y las mesas y plataformas territoriales continuarán actuando con un "espíritu constructivo y de interlocución" con los poderes públicos por su misión en la atención a los colectivos más vulnerables o en riesgo de exclusión, el fortalecimiento de la sociedad civil organizada en torno al Tercer Sector de Acción Social y en la contribución al desarrollo social del país, "velando siempre por los derechos sociales y la dignidad de las personas por las que trabaja".

   Asimismo, "reitera" la voluntad de la plataforma de "continuar unas relaciones de respeto y cooperación" que permita "mantener una alianza" con el Gobierno de la Nación para "mejorar la cooperación con el fin de atender a las personas vulnerables".

   En esa línea de cooperación, consideran "prioritario" seguir manteniendo el proceso de diálogo e interlocución entre las plataformas territoriales del tercer sector y las consejerías de servicios sociales.

   "Consideramos que debieran establecerse mecanismos de participación e interlocución en la futura revisión del modelo de la subvención 0,7% IRPF, e incluso la culminación, reorientación y mejora de aquellos aspectos del actual proceso sobre los que exista verdadera voluntad por parte del Gobierno de acordarlos con el Tercer Sector", defiende la plataforma en el documento.

   Además, solicita participar en el desarrollo de instrumentos complementarios para la financiación de las actividades del tramo estatal.

   Por último, el documento reclama "retomar con carácter inmediato" la mesa negociadora del Tercer Sector estatal con el Gobierno, "a fin de que acometa con celeridad los mandatos pendientes de la Ley del Tercer Sector de Acción Social".

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