MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha criticado el proyecto de Real Decreto que plantea el Gobierno para regular las condiciones de acceso al Bono Social Eléctrico, una prestación que permitirá descuentos en la factura eléctrica a hogares vulnerables y, eventualmente, la prohibición de corte del suministro por impago.
Según los responsables de la asociación, el planteamiento del actual proyecto consiste en que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo "invita" al Bono Social, pero que quienes lo pagarán serán los Servicios Sociales.
"Resultado: el señor Álvaro Nadal se hace una foto preciosa gracias a su 'sensibilidad', las eléctricas tendrán a quien culpar en caso de corte de suministro (los servicios sociales que no quisieron pagar la factura) y los servicios sociales que atienden ya a más de 8 millones de personas al año recibirán toda la presión de la demanda", denuncia la asociación en un comunicado, refiriéndose a las 'implicaciones económicas y presupuestarias' definidas en el proyecto.
Así, cree que el proyecto convierte al ministerio y a las compañías comercializadoras de electricidad en "sonrientes irresponsables" y la culpa se desplaza a los servicios públicos dependientes de otras administraciones, en caso de que se produzca el corte del servicio.
La asociación ve también "lagunas" y "efectos perversos" que, a su juicio, se derivarían de la actual redacción del proyecto, entre los que destaca su "elevado impacto" sobre las cuentas de ayuntamientos y comunidades autónomas; la inexistencia de garantías de asunción del compromiso por parte de las comunidades autónomas y la posible generación de "graves desigualdades" territoriales en el país; o el incremento del gasto eléctrico de los hogares con Bono Social para suplir la falta de otros suministros, como el gas, para los que no existe este mecanismo.
Además, critica que "no se han tenido en cuenta" sistemas similares que ya se aplican en algunas regiones y que, en términos presupuestarios, los Presupuestos Generales del Estado para 2017 "no han contemplado el impacto de la medida".
En conjunto, cree que la apuesta por el Bono Social en su actual redacción es "muy parcial en su protección", dado que protege un único suministro del hogar, y considera que ello se debe a la confusión generada por la "pobreza con apellidos".
"Algunos de los voluntariosos demagogos militantes de la pobreza con apellidos (energética, infantil, hipotecaria, alimentaria...) generan presiones políticas parciales que inducen respuestas fragmentadas, absurdas y desinformadas. La pobreza es un fenómeno más global y complejo que todo eso y es urgente abordar en España el debate de cómo asegurar que los hogares dispongan de ingresos mínimos que les permitan gestionarse", concluyen los directores de servicios sociales.
