El Gobierno autorizada la tramitación urgente del decreto que permitirá a las CC.AA gestionar el 80% del 0,7% del IRPF

Actualizado 16/06/2017 18:14:01 CET
Dolors Montserrat preside en el Senado la Comisión General de las CCAA
EUROPA PRESS

   Las ONG del Tercer Sector han rechazado de forma unánime este nuevo modelo y piden al Gobierno fuentes de financiación alternativas

   MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de Ministros ha aprobado tramitar de manera urgente el real decreto de subvenciones para la realización de actividades de interés general con cargo al 0,7% del IRPF, que establece que las comunidades autónomas gestionen el 80% de la recaudación y el Estado el 20% y no del 100% como hasta ahora.

   Así lo ha acordado recientemente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con las comunidades autónomas, según adelantó este jueves Europa Press. El Consejo Territorial de Dependencia y Servicios Sociales tiene previsto aprobarlo en su reunión del próximo lunes 19 de junio, que estará presidida por la ministra Dolors Montserrat.

   Este nuevo reparto de las subvenciones con cargo al 0,7 del IRPF es consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 19 de enero, que dio la razón a la Generalitat de Cataluña por invasión de competencias, lo que ha obligado al Ejecutivo a diseñar un nuevo sistema que cuenta con el rechazo unánime de la Plataforma Estatal del Tercer Sector.

   "La urgencia para esta tramitación se debe a la necesidad de garantizar que la gestión de estas subvenciones se realice este año y que, de este modo, se asegure la atención a todas las personas en situación de vulnerabilidad que se benefician del programa del IRPF", señala la resolución del Consejo de Ministros.

   Este programa de subvenciones, que se creó en 1988, permitió al Estado repartir 231,29 millones de euros en 2016, gracias a los contribuyentes que marcaron la casilla 'Actividades de Interés general consideradas de Interés Social' en la declaración de la renta.

EL TERCER SECTOR PEDÍA UN REPARTO 50/50

   Conocida la propuesta final, la Asamblea de la Plataforma Tercer Sector-PTS Estatal, que había hablado con el Ejecutivo de establecer un reparto 50/50, votó este miércoles 14 de junio en contra del nuevo modelo y lo hizo por unanimidad.

   Según el documento aprobado por la Asamblea, al que ha tenido acceso Europa Press, las organizaciones se desmarcan por entender que la propuesta acordada es "profundamente negativa".

   Además, advierten de que en el 20% estatal se incluirían también los abintestados, es decir, los bienes de las personas que mueren sin dejar testamento, por lo que las ONG consideran que serían un porcentaje incluso aún inferior al 20% de la recaudación.

   "Queríamos un tramo estatal con un bloque de programas, sólidos, amplios, innovadores y que asegurasen el fortalecimiento de las organizaciones del Tercer Sector de ámbito estatal para seguir construyendo un tejido al servicio de políticas sociales transversales basadas en la igualdad, la equidad, la solidaridad y la redistribución", añaden en la resolución.

   Por otro lado, señalan que el acuerdo alcanzado es de carácter provisional y se revisará en el plazo de un año, por lo que han solicitado al Ministerio garantías de futuro sobre posibles mejoras del modelo y la participación de la Plataforma en el proceso de revisión.

FINANCIACIÓN SUFICIENTE, SEGURA Y ESTABLE

   En todo caso, tras esta decisión, las ONG reclaman al Gobierno fuentes de financiación alternativas "suficientes, seguras y estables", así como "mantener y hacer eficaz" el proceso de diálogo que "permita robustecer" el Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal.

   En definitiva, el Tercer Sector advierte de que el consenso alcanzado con las comunidades autónomas "no es el que necesitan más de 7,2 millones de personas beneficiarias" para disponer de "garantías de futuro de una correcta y continuada atención".

   "No es el acuerdo que permite continuar y robustecer al Tercer Sector de ámbito estatal ni autonómico, y no es el acuerdo que ofrece las debidas garantías, de manera suficiente y plasmada en una norma, sino que abre un frente de incertidumbres e inseguridades sobre si los fondos del 0,7% tendrán una aplicación finalista social hacia las personas de los colectivos que han sido objeto tradicionalmente del 0,7%", señala el escrito.

INADECUADO Y POCO TRANSPARENTE

   Por ello, el Tercer Sector exterioriza su "desacuerdo y disconformidad" con el nuevo modelo 0,7% del IRPF por el trato "inadecuado" y "poco transparente" del proceso de interlocución.

   En todo caso, la Plataforma de Tercer Sector y las mesas y plataformas territoriales continuarán actuando con un "espíritu constructivo y de interlocución" con los poderes públicos por su misión en la atención a los colectivos más vulnerables o en riesgo de exclusión, el fortalecimiento de la sociedad civil organizada en torno al Tercer Sector de Acción Social y en la contribución al desarrollo social del país, "velando siempre por los derechos sociales y la dignidad de las personas por las que trabaja".

   Asimismo, reitera la voluntad de la plataforma de "continuar unas relaciones de respeto y cooperación" que permita "mantener una alianza" con el Gobierno de la Nación para "mejorar la cooperación con el fin de atender a las personas vulnerables".

   En esa línea de cooperación, consideran "prioritario" seguir manteniendo el proceso de diálogo e interlocución entre las plataformas territoriales del tercer sector y las consejerías de servicios sociales.

   "Consideramos que debieran establecerse mecanismos de participación e interlocución en la futura revisión del modelo de la subvención 0,7% IRPF, e incluso la culminación, reorientación y mejora de aquellos aspectos del actual proceso sobre los que exista verdadera voluntad por parte del Gobierno de acordarlos con el Tercer Sector", defiende la plataforma en el documento.

   Además, solicita participar en el desarrollo de instrumentos complementarios para la financiación de las actividades del tramo estatal.

   Por último, el documento reclama "retomar con carácter inmediato" la mesa negociadora del Tercer Sector estatal con el Gobierno, "a fin de que acometa con celeridad los mandatos pendientes de la Ley del Tercer Sector de Acción Social".

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