MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado este viernes, 30 de septiembre, una mayor atención a las 7,6 millones de personas con discapacidad que viven en desplazamiento forzado, incluyendo una perspectiva de género, debido a la mayor vulnerabilidad de las mujeres y niñas, según ha señalado la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino.
La petición se ha realizado durante la mesa redonda 'La atención a las personas refugiadas desde la visión de la discapacidad', enmarcada en la convocatoria de programas 'Hablamos de Europa', financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
Así, la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, ha explicado que conociendo los datos del números de personas con discapacidad desplazadas es fácil entender que los casos de violencia de género como agresiones sexuales, matrimonios forzosos, maltrato físico y psicológico "se multipliquen".
Además, ha subrayado la necesidad de que se trabaje con mayor intensidad con las organizaciones humanitarias, como por ejemplo, mejorando la formación de quienes atienden a los refugiados, a fin de que sepan cómo actuar ante quienes tienen algún tipo de discapacidad.
Caballero también ha alertado de que las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial se encuentran entre las que corren mayor riesgo de ser víctimas de este tipo de violencia. "En muchas ocasiones solamente se descubre que están siendo agredidas sexualmente cuando quedan embarazadas", explica.
Por otro lado, la responsable de Derechos Humanos del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés), An-Sofie Leenknecht, ha subrayado que muchas personas refugiadas adquieren una discapacidad durante la ruta. "Es imposible estimar el impacto en la salud mental de las personas de la guerra, del miedo y de la incertidumbre que se viene durante la ruta", subraya.
Además, ha recordado que la Agencia de la ONU para los Refugiados ha advertido de que los servicios, incluidos los programas de asistencia y protección, son inaccesibles para las personas con discapacidad. "Existen normativas europeas y de la ONU, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obligan a los países a atender las necesidades que tengan todas las personas", explica.
LOS GOBIERNOS COMO RESPONSABLES
La eurodiputada del Partido Socialista y presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos de la UE, Elena Valenciano, ha señalado que el principal responsable de que la Unión Europea no "haya estado a la altura" son los gobiernos de los estados miembros.
Además, Valenciano ha indicado que los grupos vulnerables son los que se han llevado "la peor parte" en esta situación. Asimismo, ha insistido en la necesidad de trabajar de forma coordinada.
El director de CEPAIM, Juan Carlos Segura, añade que la UE se ha fijado un compromiso de reasentamiento de refugiados "insuficiente", pero que además "no está cumpliendo". De esta forma, ha recordado que España se ha comprometido antes de diciembre de 2017 a recibir a 17.000 personas refugiadas, y hasta la fecha han llegado algo más de 600.
Asimismo, ha alertado de que "el proyecto europeo está viviendo una profunda crisis", y ha lamentado que sólo se trabaje para conseguir una "verdadera unión económica" y financiera. "No se puede ser tan duros con los objetivos de déficit y tan flexibles con los objetivos sociales", sentencia.
Además, Segura ha echo hincapié en la necesidad de mejorar la formación de quienes asisten a las personas con discapacidad, y ha destacado que la Plataforma del Tercer Sector (PTS) es un "importantísimo marco de coordinación de entidades sociales en España".
La presidenta del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, María Soledad Cisternas, ha puesto en valor el trabajo que se realiza desde Naciones Unidas en favor de los derechos de las personas con discapacidad.
Así, Cisternas ha declarado que pone en duda las democracias cuando hay sectores de la población a quienes se vulnera el ejercicio de sus derechos, lo que socaba "la solidez de una democracia" pues el núcleo de este tipo de regímenes políticos está fundamentado en los derechos humanos.
