Un total de 13 hombres y 12 mujeres serán vocales permanentes de la Comisión que estudiará los delitos sexuales

Actualizado 18/05/2018 19:32:14 CET
Manifestación en Madrid para protestar por la sentencia de La Manada
EUROPA PRESS

 Otras dos mujeres serán vocales adscritas y la presidenta de la Abogacía Española será vocal nata

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación que revisará los delitos de abuso y agresión sexual en el Código Penal quedará integrada por 12 mujeres y 13 hombres con la condición de vocales permanentes. Además, para abordar este análisis concreto, otras dos mujeres han sido nombradas vocales adscritas y, junto a ellas, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española será vocal nata de la comisión.

Así lo ha explicado el Ministerio de Justicia en un comunicado en el que detalla que, de los 25 integrantes permanentes, los 13 hombres son: Esteban Mestre Delgado --que es presidente-- Luis Arroyo Zapatero, Javier Boix Reig, Manuel Cancio Meliá, Juan Carlos Carbonell Mateu, Carlos García Valdés, Enrique Gimbernat Ordeig, Enrique Peñaranda Ramos, Miguel Polaino Navarrete, Borja Mapelli Caffarena, Gonzalo Quintero Olivares, José Luis González Cussac y Jesús Mª Silva Sánchez.

Las mujeres doce mujeres son: Avelina Alonso de Escamilla, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Patricia Faraldo Cabana, Pilar Fernández Valcárcel, Ana Mª Ferrer García, Piedad García-Escudero Márquez, Carmen Gómez Rivero, Myriam Herrera Moreno, Carmen Lamarca Pérez, Pilar Martín Nájera, Susana Polo García y Mª del Carmen Sánchez Morán.

Blanca Hernández Oliver, que fue exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género entre 2011 y 2016, y la abogada del Estado Lucía Pedreño Navarro han sido nombradas vocales adscritas. Por su parte, Victoria Ortega Benito ha sido designada para esta labor por su condición de vocal nata de la Comisión General de Codificación.

Según informa el propio Ministerio de Justicia, con los nombramientos efectuados "se logra una representación equilibrada de mujeres y hombres en este órgano asesor" que deberá pronunciarse sobre materias de especial sensibilidad como la libertad sexual de la mujer y la tipificación que se hizo en el Código Penal de 1995 de los delitos de abuso y agresión sexual.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, encomendó a este órgano el estudio de los delitos sexuales tras la sentencia que condena a los cinco miembros de La Manada por abuso sexual y les absuelve del de agresión. Se generó polémica debido a que inicialmente estaba formado únicamente por hombres, concretamente por 20, aunque después dos de ellos renunciaron.

PARIDAD ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR

De hecho, en la primera reunión de la comisión se acordó por unanimidad pedir al Ministerio de Justicia una reestructuración del órgano judicial que garantizase el equilibrio entre hombres y mujeres en su composición, antes de empezar cualquier trabajo.

Según han informado fuentes de este departamento a Europa Press, para garantizar una composición lo más equilibrada posible han dimitido otros cinco miembros de los que 18 hombres que integraban la comisión de manera permanente hasta ahora.

Según los estatutos de la Comisión General de Codificación, el número de vocales permanentes asignados a la sección no puede exceder de 30. Los nuevos nombramientos garantizan la paridad y, además, se suman tres mujeres expertas para colaborar de manera temporal en el estudio de los delitos sexuales.

Tras la polémica inicial que se generó por la mayoría de hombres en el órgano, Justicia ya propuso incorporar a cinco mujeres como vocales adscritas, de las que una --Mirentxu Corcoy-- renunció a ocupar ese puesto al ser de carácter temporal. Ahora ella es miembro permanente de la sección de derecho penal de esta Comisión, a la que también ha sido incorporada Pilar Martín Nájera, que es fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer del Tribunal Supremo, y Ana Ferrer, magistrada del Tribunal Supremo.

También forma parte del órgano Pilar Fernández Valcárcel, que es fiscal del Supremo y fue responsable de la Fiscalía de Atención a las Víctimas del terrorismo, así como Piedad García-Escudero Márquez, hermana del actual presidente del Senado, Pío García Escudero.

Por su parte, las catedráticas que pidieron la dimisión de los miembros de la sección de derecho penal de la Comisión General de Codificación confían en que las aportaciones de las juristas expertas "contribuyan a mejorar muy positivamente los trabajos de la Comisión".

En declaraciones a Europa Press, han celebrado que exista equilibrio de hombres y mujeres y, de esta forma, se garantice la paridad en la composición del órgano. Según recalcan, "ahora toca" dejar trabajar al órgano judicial, que todavía no tiene fecha para la próxima reunión.