PSOE y PNV se abstienen, mientras que CiU no apoya la ley y amenaza de nuevo con llevarla al Tribunal Constitucional
MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado y, por tanto envía al Senado, el proyecto de ley de infancia y adolescencia y el proyecto de ley orgánica del mismo nombre, con el voto a favor del PP y UPN, el voto en contra de la Izquierda Plural, BNG y ERC y la abstención de PSOE, UPyD y PNV. CiU ha votado en contra de la parte ordinaria de la ley.
El texto ha sido refrendado por el Pleno de la Cámara Baja, dado su carácter orgánico. Fue aprobado en comisión el pasado 18 de mayo. La norma modifica hasta una docena de leyes vigentes y, durante el trámite parlamentario en el Congreso, se han introducido cerca de 150 enmiendas parciales de todos los grupos, así como 40 transaccionales, según ha confirmado la portavoz de Asuntos Sociales del PP en el Congreso, Macarena Montesinos.
La 'popular' valenciana ha resaltado que esta norma, "por primera vez", prima el interés superior del menor en toda la legislación española, además de que atiende a todas las recomendaciones de la Convención Internacional de Derechos del Niño de la ONU. Sin embargo, ha lamentado que por intereses "partidistas" o "nacionalistas" haya partidos de la oposición que no respalden el texto.
Montesinos ha destacado que esta reforma legislativa es "respetuosa" con las comunidades autónomas y que, por tamto, "no se puede hablar de liquidación competencial", como ha señalado CiU, pues cuenta con el "amparo" de órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado, entre otros.
PRINCIPALES NOVEDADES
Esta diputada ha destacado de la normativa la creación del Registro de Delincuentes Sexuales, que contendrá la identidad de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, explotación de menores, que no sólo sean españoles sino también extranjeros, y que contendrá información sobre su perfil genético de AND, y será confidencial.
Asimismo, ha subrayado que se impone como requisito para ejercer profesiones que impliquen contacto habitual con niños el no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, trata y explotación. Deberán mostrar un certificado a la hora de acceder a ese puesto de trabajo. Esta medida afectará a profesores, sacerdotes o personal sanitario, por ejemplo.
BENEFICIOS PARA VÍCTIMAS DE TRATA
Igualmente, ha recalcado el hecho de que se modifique la Ley de Extranjería a fin de ampliar de 30 a 90 días el periodo de reflexión que se concede a las víctimas de trata con fines de explotación para que decidan si colaboran o no con la justicia en la investigación de los delitos cometidos contra ellas.
Asimismo, ha indicado que se reforma la Ley para la Mejora del Crecimiento y el Empleo del año 2006 para bonificar a quienes den empleo a víctimas de trata de seres humanos --1.500 euros al año durante dos por trabajador contratado de forma indefinida--. En el caso de contratos temporales a estas personas, se tendrá derecho a una bonificación mensual de hasta 600 euros al año durante la vigencia del contrato.
LA POBREZA NO PODRÁ SEPARAR FAMILIAS
La diputada del PP ha valorado que se haya blindado en la ley -- tras a un pacto entre PP, Izquierda Plural y Grupo Mixto-- que la situación de pobreza no pueda ser un factor a tener en cuenta para separar a un menor de sus padres, ni tampoco la discapacidad del niño o de alguno de sus progenitores. "Se trata de sentido común", ha señalado en su intervención el diputado de ICV Josep Pérez Moya.
También se pondrá en marcha el Registro Unificado de Maltrato Infantil, que se suma a la obligación de las comunidades autónomas y la Administración General del Estado de establecer un sistema de información compartido que permita conocer la situación de la protección a los niños y adolescentes en España, con datos por género y discapacidad, gracias a un acuerdo entre PP y PSOE durante el trámite.
Se incorpora también una nueva disposición adicional por la que se garantiza la atención integral a jóvenes extutelados, concretamente, su formación en habilidades para propiciar su autonomía al cumplir los 18 años, el alojamiento y la formación para el empleo.
A su vez, CiU y PP quisieron la adición de un nuevo apartado a la ley, referido a "las menores y las jóvenes sujetas a medidas de protección que estén embarazadas", por el que "recibirán el asesoramiento y apoyo adecuados a su situación" y que en el plan individual que se realice a la menor se contemplará "la protección del recién nacido".
LOS PROCESOS DE ADOPCIÓN
Estos dos proyectos de ley tienen el objetivo a su vez de agilizar los procesos de acogimiento y adopción para favorecer que los niños, especialmente los menores de tres años, permanezcan con una familia.
Con esta norma se crea la adopción abierta, que permitirá al menor mantener alguna clase de contacto con su familia biológica siempre que lo establezca un juez, y con el visto bueno tanto del propio adoptado como de las familias de procedencia y adoptiva.
Igualmente, se regula el derecho al acceso a los orígenes de los adoptados, de forma que las entidades deberán conservar la información sobre el menor durante al menos 50 años.
Sobre las familias de acogida, el nuevo texto añade que las familias acogedoras tendrán "los mismos derechos" que la Administración reconoce al resto de unidades familiares pero también "las mismas obligaciones" respecto del menor acogido.
MENORES Y VIOLENCIA DE GÉNERO
Por otra parte, la norma reconoce como víctimas de violencia de género a los menores y prevé que puedan permanecer con sus madres y regula por primera vez los centros para menores con problemas de conducta. Se impone además que el juez deba pronunciarse siempre sobre las medidas cautelares que afectarán a los niños y se prevé que puedan éstos permanecer con sus madres.
Por primera vez se regulan los centros para menores con trastornos de conducta, comúnmente conocidos como 'reformatorios'. A su vez, el texto renueva el marco de protección de los menores, en especial de los que se encuentran en una situación más vulnerable, como los menores extranjeros, a los que se les reconocerán los derechos a la educación, asistencia sanitaria y acceso a los servicios sociales en las mismas condiciones que los españoles.
"ESTOS ROMANOS (PP) ESTÁN LOCOS"
Durante su intervención, la portavoz del PSOE en la materia, María Luisa Carcedo, ha hecho un símil con la famosa frase del personaje de cómic 'Obélix', que siempre decía "estos romanos están locos", en referencia al PP que saca adelante esta ley centrada en la protección a los niños y adolescentes sin compromiso presupuestario.
Es más, Carcedo ha criticado que este jueves el Congreso convalide un crédito de 20 millones de euros para varios ministerios y de este montante, "ni un sólo euro" se destine contra la pobreza infantil. "Es muy duro y sinceramente muy difícil de compaginar con un apoyo a la ley", ha apostillado.
CiU y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) han rechazado la ley ya que, a su juicio, esta norma supone una "devaluación" de las competencias autonómicas.
En este sentido, el diputado de CiU, Carles Campuzano ha vuelto a mostrar su rechazo a que la Generalitat catalana vaya a perder su potestad a la hora de determinar con qué países pueden adoptar las familias catalanas y ha criticado el intento de "recentralización" y ha vuelto a advertir a los 'populares' de que "esta ley terminará en el Tribunal Constitucional".
