SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, consideró hoy "inadmisible" la pena interpuesta al pederasta Álvaro I.G., alias 'Nanysex', a 58 años de prisión por cinco delitos de abusos sexuales y seis delitos de corrupción de menores, y denunció que tales vejaciones no hayan sido tipificadas como agresiones sexuales.
Por ello, insistió en la necesidad de reformar "inmediatamente" el Código Penal, de manera que estos delincuentes hagan frente a penas "más duras" y sin "ningún beneficio penitenciario".
Así se expresó Canalda a preguntas de los informadores durante los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, donde participó en el seminario 'Infancia y salud'. En este marco, definió la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid a 'Nanysex' como una muestra más de la urgencia de reformar el Código Penal, así como de plantearse "un control, un registro y un seguimiento exhaustivo" de los pederastas.
"No tiene sentido que cuando unos menores tan pequeños no pueden ejercer oposición a esa agresión que están sufriendo sólo se condene por abuso", señaló, para sentenciar que "no se puede tolerar que unos individuos, que han abusado tan brutalmente de uno niños tan pequeños, solamente sean condenados a un tercio de lo que pide la Fiscalía". La Fiscalía de Madrid pidió 175 años por 23 delitos de abuso sexuales.
A continuación, apuntó que "estos individuos saldrán a la calle después de haber cumplido sus penas, al igual que lo ha hecho el etarra De Juana Chaos tras haber matado a 25 personas", y agregó que, en ese momento, será conveniente estudiar "medidas específicas de educación, reinserción y seguimiento".
"No podemos tolerar que estén sueltos porque estamos acostumbrados a ver que son multireincidentes, que una vez que delinquen vuelven a delinquir cuando salen a la calle", denunció, para insistir en la necesidad de llevar a cabo un seguimiento del pederasta para "certificar que no va a volver a delinquir".
Por ello, recordó que su institución ha reclamado "hasta la saciedad" el endurecimiento de las leyes y de las penas, así como un control posterior al cumplimiento de la condena porque, en su opinión, se trata de "delincuentes que reinciden". Además, reivindicó que este colectivo no se aproveche de "ningún beneficio penitenciario", que cumpla las condenas "íntegramente"y que éstas sean "mucho más duras".
