PEDRO ARMESTRE/AI, OXFAM, GREENPEACE
MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional, Oxfam Intermón y Greenpeace han explicado este jueves que si bien "suena la melodía" de la necesidad de una reforma constitucional que equipare derechos sociales como la vivienda a derechos que se consideran fundamentales, la falta de concreción de unos partidos y de compromiso de otros imposibilitan ver con claridad "la letra" en sus programas electorales.
Estas tres entidades lanzaron hace meses una campaña instando a los partidos políticos a llevar en sus programas electorales una reforma de la Constitución que entre otros aspectos, tocase el artículo 53 para garantizar que los derechos sociales y económicos tuviesen la misma justiciabilidad, obligatoriedad y exigibilidad que los fundamentales, de modo que su reconocimiento pudiese ser reclamado por los ciudadanos en vía judicial y tener amparo del Tribunal Constitucional.
Tras reunirse entre otros con Pedro Sánchez (PSOE), Javier Maroto (PP), Pablo Iglesias (Podemos), Alberto Garzón (Izquierda Unida/Unidad Popular) y Albert Rivera (Ciudadanos), llegan a la conclusión de que a excepción de los 'populares' que a priori, no llevarán en el programa ningún tipo de reforma constitucional, en el resto hay cierta disposición aunque faltan medidas concretas.
Así lo han explicado en rueda de prensa los directores de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán; Oxfam Intermón, Chema Vera; y Greenpeace, Mario Rodríguez, quienes han destacado "la disponibilidad" de todos los partidos a la hora de reunirse y escuchar propuestas, aunque también que "hay muy poca concreción sobre las reformas que piensan abordar".
En este sentido, las ONG analizan cada derecho social por separado y afirman que mientras unos partidos introducen aproximaciones, otros se niegan directamente a su incorporación. Mario Rodriguez pone como ejemplo el programa de Ciudadanos, que ha introducido el derecho al medio ambiente "muy detallado dentro de un paquete para igualar derechos sociales" y recoge "la posibilidad de acudir a la justicia ordinaria, pero no de buscar amparo en el Constitucional".
Mientras, Podemos e Izquierda Unida se han limitado a "alguna declaración pública" aunque, dice Rodríguez, "reconocen que el tema del artículo 53 está ahí" y el PSOE "se ha negado de plano" a convertir este en un derecho fundamental. El PP, por su parte, "ni siquiera se ha presentado al examen", conforme ha señalado.
Con el derecho a la vivienda, que según Beltrán es "el centro del debate de la concreción", pasa algo similar. Todos los partidos --siempre menos el PP que no lleva reforma constitucional-- proponen avances y más garantías, pero para estas ONG "o queda en igualdad de derecho o los avances serán insuficientes". "Al no igualarlo con otros derechos no tendría por ejemplo, la gente que es desahuciada, posibilidad de pedir amparo al Constitucional", plantea.
"En el derecho a la vivienda hay claroscuros. Nos habría gustado concreción mayor, que fuesen más contundentes en equipararlo con otros derechos que ya quedan en la Constitución con garantía completa pero aún así, existen avances en casi todos los partidos. Que sea Podemos el único que hable de cambiar el artículo 53 hace que se pueda equiparar un poco mejor", ha añadido Vera.
Falta asimismo concreción aunque suene "bien la melodía" en materia de sanidad universal al margen de la situación administrativa en el país y en el derecho a un ingreso o renta mínima que sirva para combatir la desigualdad, algo que "queda contemplado en la propuesta del PSOE" pero de momento y "aunque hay declaraciones públicas en este sentido", no en la de Podemos ni en la de Izquierda Unida, según ha señalado.
Peor respuesta han tenido las propuestas relativas a recoger en la Constitución responsabilidades de España como Estado fuera de sus fronteras, como la de equiparar el derecho de asilo o blindar las obligaciones en materia de cooperación y ayuda humanitaria. "Es que ni siquiera han entrado en ellos", añade Vera.
El responsable de Oxfam Intermón incide en que "todo el ámbito internacional, esa defensa de los derechos humanos más allá de las fronteras es inexistente". "No aparece la obligación de la cooperación al desarrollo en un contexto de retos globales como los que estamos viendo y tras una reducción del 76% de los fondos. Exigimos que se recoja como obligación para que no quede al albur de los Presupuestos Generales", explica.
Las tres organizaciones, que suman más de 400.000 socios en España, afirman que seguirán haciendo incidencia y monitorizando los programas de los distintos partidos políticos según se vayan confirmando para evaluar el grado de compromiso que adquieren con el blindaje de los derechos sociales, políticos y económicos, una idea que "por primera vez en 40 años está en el debate de la reforma constitucional", como ha recordado Beltrán.
