La pobreza ya no será un factor para separar familias, crea un registro central de delincuentes sexuales y otro de maltrato infantil
MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados ratificará y enviará el jueves al Senado el proyecto de ley de infancia y adolescencia y el proyecto de ley orgánica del mismo nombre, con el previsible único voto a favor del PP, el voto en contra de Izquierda Plural y CiU y la abstención de PSOE y PNV, tal y como sucedió en su aprobación en comisión del pasado lunes 18 de mayo.
El texto debe ser refrendado por el Pleno de la Cámara Baja dado su carácter orgánico. La norma modifica hasta una docena de leyes vigentes y, durante el trámite parlamentario en el Congreso se han introducido cerca de 150 enmiendas parciales de todos los grupos, así como medio centenar de transaccionales.
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha destacado este martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de los martes la importancia de la ley, así como su aprobación el próximo jueves, una ley de la que ha destacado que va a primar el interés superior del menor en toda la legislación.
NOVEDADES INTRODUCIDAS EN EL TRÁMITE PARLAMENTARIO
Igualmente, ha recalcado el hecho de que se modifique la Ley de Extranjería a fin de ampliar de 30 a 90 días el periodo de reflexión que se concede a las víctimas de trata con fines de explotación para que decidan si colaboran o no con la justicia en la investigación de los delitos cometidos contra ellas.
Asimismo, ha resaltado que se reforma la Ley para la Mejora del Crecimiento y el Empleo del año 2006 para bonificar a quienes den empleo a víctimas de trata de seres humanos con una bonificación para el empleador de 1.500 euros al año durante dos años por trabajador contratado de forma indefinida. En el caso de contratos temporales con estas personas se tendrá derecho a una bonificación mensual de hasta 600 euros al año durante la vigencia del contrato.
Además, ha subrayado la creación a partir de esta ley del Registro de Delincuentes Sexuales, que contendrá la identidad de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, explotación de menores e información sobre su perfil genético de ADN y que será confidencial.
LA POBREZA NO PODRÁ SEPARAR FAMILIAS
A su vez, durante el trámite parlamentario, se ha blindado -- a través de un pacto entre PP, Izquierda Plural y Grupo Mixto-- que la situación de pobreza no pueda ser un factor a tener en cuenta para separar a un menor de sus padres, ni tampoco la discapacidad del niño o de alguno de sus progenitores.
También se pondrá en marcha el Registro Unificado de Maltrato Infantil, que se suma a la obligación de las comunidades autónomas y la Administración General del Estado de establecer un sistema de información compartido que permita conocer la situación de la protección a los niños y adolescentes en España, con datos por género y discapacidad, gracias a un acuerdo entre PP y PSOE.
Por otra parte, el redactado de la norma incorpora una nueva disposición adicional por la que se garantiza la atención integral a jóvenes extutelados, concretamente, su formación en habilidades para propiciar su autonomía al cumplir los 18 años, el alojamiento y la formación para el empleo.
Sobre las familias de acogida, el nuevo texto añade que las familias acogedoras tendrán "los mismos derechos" que la Administración reconoce al resto de unidades familiares pero también "las mismas obligaciones" respecto del menor acogido.
ASESORAMIENTO A TUTELADAS EMBARAZADAS
A su vez, CiU y PP quisieron la adición de un nuevo apartado a la ley, referido a "las menores y las jóvenes sujetas a medidas de protección que estén embarazadas", por el que "recibirán el asesoramiento y apoyo adecuados a su situación" y que en el plan individual que se realice a la menor se contemplará "la protección del recién nacido".
Estos dos proyectos de ley tienen el objetivo a su vez de agilizar los procesos de acogimiento y adopción para favorecer que los niños, especialmente los menores de tres años, permanezcan con una familia.
Además, con esta norma se crea la adopción abierta, que permitirá al menor mantener alguna clase de contacto con su familia biológica siempre que lo establezca un juez, y con el visto bueno tanto del propio adoptado como de las familias de procedencia y adoptiva.
Igualmente, se regula el derecho al acceso a los orígenes de los adoptados, de forma que las entidades deberán conservar la información sobre el menor durante al menos 50 años.
MENORES Y VIOLENCIA DE GÉNERO
Por otra parte, la norma reconoce como víctimas de violencia de género a los menores y prevé que puedan permanecer con sus madres y regula por primera vez los centros para menores con problemas de conducta.
A su vez, el texto renueva el marco de protección de los menores, en especial de los que se encuentran en una situación más vulnerable, como el caso de los menores extranjeros, a los que se les reconocerán los derechos a la educación, asistencia sanitaria y acceso a los servicios sociales en las mismas condiciones que los españoles. A los menores con discapacidad se les garantizará plena accesibilidad, así como unos servicios sociales especializados y adaptados.
En materia de prevención, se impone como requisito para ejercer profesiones que impliquen contacto son niños, no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, trata y explotación.
LA OPOSICIÓN DE LOS GRUPOS
Durante el trámite, el PSOE, que se ha abstenido en la votación, agredeció el "gran número" de enmiendas parciales que se introdujeron al texto que en un primer momento presentó el Gobierno, si bien no pudo apoyarlo, entre otros puntos, puesto que "la ley no afronta en absoluto, ni pone las bases" para luchar contra la pobreza infantil.
CiU y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) votaron en contra de la ley ya que, a su juicio, esta norma supone una "devaluación" de las competencias autonómicas.
En este sentido, el diputado de CiU, Carles Campuzano mostró su rechazo a que la Generalitat catalana vaya a perder su potestad a la hora de determinar con qué países pueden adoptar las familias catalanas, a la vez que criticó el intento de "recentralización" y advirtió a los populares de que "esta ley terminará en el Tribunal Constitucional".
