MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados, con los votos del PP y de sus socios electorales de UPN y PAR, ha enviado al Senado el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, una norma que entre otros cambios, contiene una reforma de la Ley de Extranjería para legalizar la devolución sobre la marcha a Marruecos de los inmigrantes que sean interceptados saltando las vallas de Ceuta o Melilla.
La norma ha sido debatida y aprobada de nuevo en el hemiciclo porque tiene carácter orgánico, aunque el pasado 24 de noviembre ya recibió el visto bueno de la Comisión de Interior del Congreso, de nuevo, con el respaldo de los 23 representantes en la misma del Grupo Popular.
El ministro Jorge Fernández Díaz ha estado presente durante el debate de la ley, que ha durado cerca de dos horas y en el que se han producido un par de episodios llamativos como la intervención de la 'Solfónica', el coro del 15M que ha entonado la canción del pueblo de Los Miserables, segundos antes de la intervención del diputado del PP, así como el 'cortejo fúnebre' simulado por los diputados de IU, que se han amordazado durante unos segundos.
El proyecto que ahora viaja al Senado introduce una nueva figura jurídica en la Ley de Extranjería que se denomina "rechazo en frontera", mediante una disposición adicional que fue incluida con una enmienda del Grupo Popular durante la primera fase de la tramitación, saltándose así su paso por los órganos consultivos.
Esta figura, que será aplicable sólo en Ceuta y Melilla, ampara la devolución a pie de valla a Marruecos de los inmigrantes interceptados, sin que medien el procedimiento de identificación ni los expedientes administrativos que contempla para tal fin la Ley de Extranjería.
"CONTRARIO AL ORDENAMIENTO JURÍDICO"
Todos los grupos de la oposición que han intervenido han trasladado al PP su rechazo a esta legalización de las devoluciones en caliente porque consideran que es contrario a "todo el ordenamiento jurídico", tanto nacional como internacional, que contraviene los convenios y tratados suscritos por España y que carece del respaldo e informe de los órganos preceptivos.
PSOE, Izquierda Plural y ERC se han comprometido a derogar la ley en cuanto cambie la mayoría parlamentaria del PP y, además, los socialistas han anunciado su intención de recurrirla ante el Tribunal Constitucional. CiU, por su parte, ha apostado por cambiarla en el futuro porque ve necesaria una ley de seguridad ciudadana, si bien distinta a la presentada por el Gobierno.
Para el diputado del PSOE Antonio Trevín, es un "error" el proceso por el que se han regulado las "devoluciones en caliente", al haberse introducido en la ley a través de una enmienda del PP y sin contar con los informes preceptivos del Consejo de Estado y del CGPJ al tratarse de un tema referente a Derechos Humanos.
Mientras, Feliu Joan Guillaumes, de CiU, considera que la regularización del rechazo en frontera es un motivo suficiente para no apoyar esta normativa. "Entendemos que una democracia sólo se justifica si se comporta como tal", ha apostillado.
Emilio Olabarria, del PNV, ha alertado de que esta medida contradice las normas internacionales y se trata de personas que quieren entrar en España "en busca de una vida mejor".
Por parte de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, ha criticado duramente la legalización del rechazo en frontera que, según ha lamentado, ya se está realizando aunque no está aprobada la ley. Ha condenado el "terrible comportamiento" que a su juicio están ejerciendo en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Toni Cantó, de UPyD, ha lamentado que el Gobierno vaya a legalizar el rechazo en frontera cuando según las organizaciones internacionales se trata de una medida "ilegal", contraria, por ejemplo, contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos o contra la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
"DA MÁS SEGURIDAD JURÍDICA"
Desde el Grupo Popular, Conrado Escobar ha procedido a leer en alto la enmienda, a su juicio "exquisita y prudente desde cualquier punto de vista" y que además regula "lo que necesita Ceuta y Melilla" para proteger la frontera.
"Una cosa es entrar y otra intentar entrar y es lo que se regula y se consigue con más claridad, dar más apoyo a quien protege las fronteras, más seguridad jurídica. Apenas el 1% de inmigrantes solicitan asilo y pese a todo vamos a poner esa oficina para asilo en la frontera", ha defendido, recordando que Ceuta y Melilla son los pasos "más transitados".
Respecto a la preocupación mostrada desde Bruselas por la regulación de esta medida, Escobar ha alertado que una cosa son "los despachos de Bruselas" y otra es trabajar in situ desde la valla.
QUEJAS INTERNACIONALES
Esta regulación ha suscitado las quejas y preocupaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, de la Comisión Europea, ACNUR, la Abogacía Española, académicos y más de 120 ONG y colectivos que han presentado escritos a altas instituciones del Estado para intentar frenar la medida, contraria a su juicio al derecho de asilo y al derecho internacional de los Derechos Humanos.
La más sonada de estas reacciones ha sido la de la Iglesia, que ha exigido la "retirada inmediata" de esta regulación en un comunicado avalado por la Conferencia Episcopal, Cáritas, Justicia y Paz y la CONFER que expresaba su "enérgico rechazo" ante esta iniciativa porque, a su juicio, "pretende legitimar las expulsiones sumarias" en la frontera sur y "criminaliza la pobreza y la movilización social".
"La aceptación de las expulsiones sumarias que representa la aprobación de este Dictamen supondría consolidar legalmente un concepto de 'frontera' sinónimo de un territorio donde los derechos humanos están ausentes", señalaron.
Ante estas afirmaciones, el ministro responsable del ramo, Jorge Fernández Díaz, católico practicante reconocido, recordó que España es un "estado aconfesional" en el que existe una separación de la Iglesia y el Estado. Además, este mismo jueves ha retado a quienes "dan lecciones" de humanitarismo a facilitarle una "dirección" a la que enviar a los inmigrantes para su acogida.
"Si me dan la dirección donde a esa pobre gente los podemos trasladar y garantizan su manutención y que les dan trabajo le aseguro que les enviamos. Pero hay mucha hipocresía", ha declarado en una entrevista televisiva para después, en los pasillos del Congreso, añadir: "Que digan a cuántas de esas personas están dispuestos a acoger comprometiéndose a darles un puesto de trabajo adecuado y que las van a mantener y si no lo hacen, que se callen y den menos lecciones".
