MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se ratifican las autorizaciones provisionales para la suscripción de sendos convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas de Madrid y del País Vasco, para la ejecución de medidas cautelares impuestas en sentencia o auto, dictadas por el Juzgado Central de Menores o por la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, en aplicación de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores por cerca de 220.00 euros.
En concreto, como límite máximo para todo el período de vigencia de los convenios, se fija la cuantía de 199.899,26 euros para Madrid, distribuidos en tres anualidades, 2014, 2015 y 2016; y 20.000,00 euros, también en las mismas anualidades, para País Vasco.
La mencionada Ley, en su artículo 54, prevé que "la ejecución de la detención preventiva, de las medidas cautelares de internamiento o de las medidas impuestas en la sentencia, acordadas por el Juez Central de Menores o por la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional se llevarán a cabo en los establecimientos y con el control del personal especializado que el Gobierno ponga a disposición de la Audiencia Nacional, en su caso, mediante convenio con las Comunidades Autónomas".
En primer lugar, los convenios establecen las condiciones y requisitos a los que se ajustará la colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y las Comunidades Autónomas de Madrid y del País Vasco, en la ejecución de las medidas dictadas por el mencionado órgano judicial.
Su ámbito de aplicación se extenderá a la ejecución de las medidas de internamiento sustitutivas que se impusieren en aplicación de la citada Ley. En el caso del País Vasco, también se incluye en el ámbito de aplicación del Convenio la segunda fase de libertad vigilada de las medidas de internamiento.
En cuanto a los compromisos asumidos, Madrid y País Vasco deben garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas por el citado órgano judicial y asumir las obligaciones y facultades que, respecto a las personas menores, la ley impusiere a la entidad pública.
Por su parte, el Ministerio de Justicia asume la comunicación de información a ambas CC.AA., mientras que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad abonará a las mismas el importe de financiación de los gastos de la ejecución de las citadas medidas.
