El CERMI se movilizará en las calles durante la campaña electoral para reclamar el derecho a voto de 80.000 personas con discapacidad
MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
Dolors Torrents, barcelonesa de 46 años, se alegra de que la legislatura haya sido corta y las elecciones se hayan anticipado. El año pasado consiguió, tras mucho litigar, que un juez le restituyese el derecho a voto que diez años antes otra sentencia le había quitado por su discapacidad, aunque la resolución no llegó a tiempo para poder participar en los comicios del 20 de diciembre. En junio será su momento, no así el de 80.000 personas como ella que siguen privadas del derecho de sufragio en España.
La sentencia que le devolvió el derecho a voto se dictó en diciembre de 2015 en un juzgado de Badalona. Torrens se veía esperando cuatro años más para poder 'reestrenarse' y por eso, para ella el fracaso de los partidos en formar gobierno, la mini legislatura y la convocatoria para el 26 de junio es una buena noticia, aunque no lo será del todo hasta que el INE le confirme que consta en el Censo Electoral, un trámite que pese a la sentencia judicial favorable, se está demorando ya casi seis meses.
"Está muy mal que no se dé la facilidad para obtener el acceso directamente, sin todos estos papeles. Estoy enfadada porque no se tramitan las cosas como debería ser. Todo el sistema es inasequible, parece mentira que en pleno 2016 haya aún que reclamar para obtener lo que es justo", explica a Europa Press.
De cara a la siguiente convocatoria, considera "imprescindible" que todos los partidos lleven en sus programas la restitución del derecho a voto porque "las personas hacen el país". Dice que llegado el 26 de junio, no votará lo mismo que hace diez años, la última vez que dejó su voluntad en una urna, porque han cambiado muchas cosas.
"Será distinto. Imagínate que durante un tiempo has ido a votar y de golpe te quitan este derecho y por un largo tiempo, que en mi caso han sido diez años, no puedes hacerlo. Es extraño. Volver a votar es una sorpresa inmensa, una gran noticia", afirma.
No estará contenta hasta que todas las personas a quienes se ha privado por incapacidad del derecho a voto puedan ejercerlo y vive esta reivindicación como "una lucha personal". Se preparó haciendo un curso sobre derechos de las personas con discapacidad y está muy involucrada en la organización de charlas para concienciar a los demás de la importancia de hacerlos valer.
Por eso, no le gustan los abstencionistas. "Me parece muy mal que la gente no vote y lo pienso cada vez que hay elecciones. Es como no dar ninguna opinión de nada. No das tu criterio para obtener un país mejor, porque aunque haya desacuerdos, aunque haya problemas y dificultades, pero hay que tirar para adelante y hacer valer tu criterio. Hay que hacerlo mientras uno pueda", asegura.
No está sola en esta reivindicación histórica que comenzó a tomar fuerza en 2008, cuando España suscribió la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad según la cual, nadie puede ser privado de su derecho a voto por esa condición. En 2011, la ONU examinó a España para analizar el cumplimiento de lo acordado y llamó la atención sobre este punto: no se había modificado la Ley Electoral para evitarlo.
Incluso la Comisión Constitucional del Congreso aprobó en 2013 instar al Gobierno a modificar la Ley, pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy no planteó ninguna propuesta, ni en su mandato ni estando en funciones. Para el CERMI, se está produciendo una "conculcación masiva de derechos" pues se estiman en más de 80.000 las personas con discapacidad en España que teniendo su derecho a voto internacionalmente reconocido, no pueden ejercerlo.
"CASI NINGÚN GRUPO DICE QUE NO"
"Volveremos a tener unas elecciones generales excluyendo a gente que quiere participar, que tiene un derecho reconocido internacionalmente y que con el desajuste de nuestra legislación no lo va a poder ejercer", denuncia en declaraciones a Europa Press el presidente de la entidad, Luis Cayo Pérez Bueno.
En su opinión, "una ley orgánica se hubiera podido aprobar con voluntad política" en estos meses pese a tener un Gobierno en funciones, pero señala sobre todo la ausencia incluso de intenciones. "Ningún grupo parlamentario, ni tradicional ni de los que se autodenominan nueva política lo ha planteado nada más iniciarse la Legislatura, que como compromiso para acabar con esta vulneración de derechos habría servido", señala.
En este sentido, recuerda que "se han presentado propuestas por la problemática del voto rogado en el extranjero", pero no se ha visto "la misma importancia" con el sufragio universal, "incluidas las personas con discapacidad".
Si bien reconoce algunos avances, porque "ya casi ningún grupo dice que no, que no toca, que no es posible o que el sistema imperante debe mantenerse", esto "debe traducirse en hechos", por lo que reivindicarán el derecho a voto para todos con actos de calle en precampaña y durante la campaña para introducir este asunto en el debate electoral y obtener compromisos.
"Es un tema que no puede prolongarse eternamente (...) Es una anomalía de nuestra democracia, que la hace más débil y más deficitaria. Unas elecciones más, a miles de personas se les niega el derecho más básico de todos, el de votar, por tener una discapacidad", denuncia.
