Foto: EUROPA PRESS
MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT) ha reclamado una "estrategia a nivel nacional" para la elaboración de una ley marco para el colectivo de agentes forestales y medioambientales en España que suponga la "unificación" de toda la normativa existente y se convierta en el "documento de referencia" para todas las comunidades autónomas.
Así lo ha pedido el responsable de Agentes Forestales de UGT, Rubén Paz, en un acto ante los medios organizado en la sede de FSP-UGT este lunes en el que el sindicato ha llevado a cabo una valoración de la campaña de incendios de 2014 y ha denunciado la "falta de medios y de personal" que aqueja a los agentes forestales y medioambientales en la lucha contra el fuego y otros delitos medioambientales.
A juicio de Paz, la labor de este colectivo se ve empañada por la existencia de una regulación que reparte sus competencias entre varios niveles de la administración, como las que fijan a nivel estatal la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley de Montes y, por otro lado, leyes de caza, pesca o de protección a la naturaleza que luego desarrolla cada autonomía de forma individual.
Por ello, la Coordinadora Estatal de Agentes Forestales y Medioambientales ha difundido de forma paralela un documento en el que exige un "mínimo común denominador" a nivel normativo que fije las funciones, atribuciones, cometidos de este colectivo en las diferentes administraciones públicas que refuerce su condición tanto de agente de autoridad como de policía administrativa y judicial ambiental.
"PRESIONES PARA QUITARNOS COMPETENCIAS"
Preguntado por la reforma de la Ley de Montes que está ultimando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Paz ha señalado que, aunque el sindicato "no ha tenido acceso" al último borrador, la intención de estos cambios legales es "quitar competencias" al colectivo, particularmente en lo relativo a la presentación ante los juzgados de denuncias por posibles delitos medioambientales.
"Aunque algunas como Madrid han establecido protocolos en este aspecto, sabemos que el Ministerio está recibiendo presiones de varias comunidades autónomas para que no podamos presentar denuncias ante el juzgado. Incluso han intentado subyugarnos a la Guardia Civil en algunos casos", ha recalcado.
En su opinión, la falta de estrategia nacional con respecto al colectivo provoca la disparidad entre los agentes que trabajan en una y otra autonomía, con algunas como Madrid donde los agentes van "bien equipados", a bordo de vehículos "bien diferenciados" y dotados de dispositivos luminosos y sonoros, frente a "casi todas las demás comunidades", que carecen de todo lo anterior. Esto, según ha añadido, repercute sobre el ciudadano, que es el que "termina sufriendo las consecuencias".
SIN NUEVAS PLAZAS DESDE 2010
Durante el acto, Rubén Paz ha llevado a cabo una radiografía de la situación laboral de los agentes forestales y medioambientales en el marco de la campaña de incendios de 2014. En este sentido, aunque ha reconocido que el número de grandes incendios -aquellos que arrasan una superficie superior a las 500 hectáreas-- ha caído de los 16 del año pasado a la cifra de 7 registrada este año, ha denunciado que de esos 7, "el 50 por ciento" ha tenido lugar en Castilla-La Mancha; una comunidad que ha reducido su plantilla de agentes "de 3.000 a 1.200 efectivos" desde mayo de 2011.
"Aquí se ve la relación causa-efecto. Desde el Gobierno de CLM, se ha dicho que estos trabajadores se van a la calle porque no hay dinero cuando luego ha sido subcontratado ese servicio a otra empresa. Luego se gastan dinero en medios caros como helicópteros pero no se trabaja en el monte. Hay un mal gasto en una época en la que no debería haberlo", ha denunciado.
Asimismo, el responsable de Agentes Forestales de UGT se ha referido a la carencia del colectivo en cuanto a oferta pública de empleo y reposición de despidos de interinos, jubilaciones o fallecimientos, frente a la situación de otros colectivos policiales. En su opinión, la Comunidad de Madrid supone el "caso más sangrante", con una plantilla con una media de edad de 50 años para la que no se han convocado "plazas desde 2003".
También ha aludido a Castilla-La Mancha, donde el colectivo ha pasado de 705 a 490 trabajadores. En cuanto al resto de autonomías, Paz ha lamentado que, a excepción de Galicia, Canarias y la Comunidad Valenciana, "ninguna de ellas" ha convocado ninguna oferta de empleo público para el sector desde 2010.
RECORTES EN LA INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS
Durante su intervención, Paz ha tenido palabras para la "carencia de medios" que padecen los agentes forestales y medioambientales, con una flota de vehículos cuya edad media supera los 10 años y los 200.000 kilómetros de rodaje; un sistema de comunicación por emisora "ridículo"; un sistema "muy deficiente" de localización en caso de siniestro de compañero; la falta de oficinas, centro de trabajo, vestuarios o duchas, entre otros.
Además, ha incidido en los efectos de las políticas de recortes en la investigación de incendios, el mecanismo "más importante" a la hora de prevenir el fuego, con autonomías como Extremadura, donde se está produciendo el "intrusismo" por parte de empresas privadas o Castilla-La mancha, donde, según ha denunciado, ha sido "desmantelada" la brigada de investigación de incendios forestales (BIIF).
