MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Socialista y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) defenderán el martes y el miércoles, respectivamente, en el Congreso de los Diputados, dos iniciativas distintas cuyo objetivo es alcanzar un pacto entre todos los grupos parlamentarios por una vida de las mujeres libre de violencia de género.
El PSOE, en la sesión plenaria del martes, defenderá una proposición no de ley que insta al Gobierno a promover un pacto de Estado contra la violencia de género, así como más medidas y recursos presupuestarios para combatir esta lacra.
Desde la Izquierda Plural defenderán, ya el miércoles y vía moción consecuencia de interpelación, un acuerdo que garantice a las mujeres una vida libre de violencia.
UN PACTO DE ESTADO
"Espero que consigamos el objetivo la semana que viene", manifestó la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, este pasado martes en rueda de prensa al anunciar que el Pleno iba a tratar la iniciativa.
Los socialistas registraron esta iniciativa a comienzos de abril, coincidiendo con la puesta en marcha de un calendario de reuniones parlamentarias, entre diputados y senadores, para alcanzar con celeridad un pacto de Estado sobre la materia y buscar más medidas para luchar contra esta lacra, ante al elevado número de víctimas de violencia machista que se están dando en lo que va de año.
Así, la proposición no de ley del PSOE insta al Gobierno a impulsar un pacto de Estado contra la violencia de género en el que participen la administración General del Estado, las administraciones autonómicas y locales, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, los partidos políticos, los interlocutores sociales y las organizaciones de mujeres y otras organizaciones sociales especializadas, con el fin de promover la aplicación efectiva de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004.
Para ello, y entre otras medidas, el PSOE quiere que el Gobierno reponga y dote "suficientemente" las partidas presupuestarias para este fin, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las comunidades autónomas como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos.
Asimismo, solicita que el Ejecutivo adopte en la legislación punitiva las medidas normativas que permitan enviar un "mensaje claro a los agresores" sobre su persecución y sanción.
INICIATIVA DE IU-ICV-CHA
Mientras, IU-ICV-CHA ha propuesto en el Congreso un acuerdo social y político que garantice de forma efectiva y real el derecho fundamental de las mujeres a una vida libre de violencia, según se desprende de la moción derivada de una interpelación que la diputada de ICV, Laia Ortiz, mantuvo con la ministra del ramo, Ana Mato, a comienzos de abril en la Cámara Baja.
Esta iniciativa se debatirá en la sesión plenaria del 30 de abril, miércoles. En ella, la ecosocialista resalta que en los diez años de aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género han sido asesinadas a manos de sus parejas más de 730 mujeres, 54 de ellas en 2013 y, a fecha de 8 de abril, 21 mujeres sólo en los tres primeros meses del año. "Son cifras dramáticas que deberían avergonzar a cualquier Estado democrático", ha apostillado.
No obstante, destaca que hace casi diez años con la aprobación de la Ley de Violencia de Género se situó a España entre los países más avanzados en ese terreno. "La ley ha sido un paso en firme, en tanto que la violencia de género se traslada al ámbito de lo público y lo político, de lo visible socialmente y de lo inaceptable en cualquier país democrático", agrega.
Eso sí, subraya que esta normativa es un "instrumento necesario" pero "no suficiente" y requiere del compromiso "estable y perseverante" del conjunto de administraciones de implementación de las medidas y dedicación de recursos. "Los actuales problemas están en la mala e incompleta implementación y los recortes en las políticas de lucha contra la desigualdad de hombres y mujeres", subraya la parlamentaria catalana.
Laia Ortiz resalta como principales obstáculos con los que se encuentran las mujeres hoy en día las "tentaciones retrógradas del PP" con las mujeres y la próxima penalización del aborto, ni tampoco "la impugnación de la Ley de Igualdad", la eliminación de Educación para la Ciudadanía, la reforma de la administración local que dejará sin presupuesto a los ayuntamientos para llevar a cabo políticas de igualdad.
Por todo ello, Ortiz considera que es necesario impulsar un acuerdo social y político que garantice "de forma efectiva y real" el derecho fundamental de las mujeres a una vida libre de violencia que implique entre otros puntos, una evaluación de la implementación y el cumplimiento de la aplicación de la Ley de medidas de protección contra la violencia de género, y potenciar su aplicación garantizando la participación y colaboración con el conjunto de comunidades autónomas, el CGPJ, Fiscalía General del Estado, organizaciones de mujeres entre otros agentes implicados.
Igualmente, quiere que se pongan a disposición los recursos públicos necesarios para prevenir, detectar y actuar sobre las causas estructurales de la violencia machista garantizando una dotación presupuestaria suficiente para asegurar eficacia y la implementación adecuada de las medidas integrales reguladas por la ley de violencia de género, recuperando la inversión en las políticas de equidad entre mujeres y hombres, los servicios de atención a las mujeres, la formación especializada en perspectiva de género, o la acción social, entre otros puntos.
Por otro lado, plantea el desarrollo de servicios y ofrecer la colaboración pública, de manera efectiva, a las redes de atención y prevención a todos los tipos de violencia machista existentes en el ámbito social, jurídico y de salud, tanto de iniciativa pública como de entidades sociales.
Además, desea garantizar la continuidad de las políticas locales dirigidas a fortalecer redes efectivas de coordinación entre asociaciones de atención, servicios sociales e igualdad y demás agentes territoriales o la promoción de los cambios legales oportunos para garantizar la protección de los colectivos vulnerables como mujeres que ejercen prostitución, víctimas de trata o personas migradas.
