GRANADA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Junta apoya con recursos humanos los Juzgados de Paz de los municipios de más de 7.000 habitantes de la provincia de Granada que carecen de juzgados de Primera Instancia e Instrucción; en concreto, 52 empleados públicos prestan servicio en 24 juzgados de paz granadinos.
Así lo ha explicado la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, en la visita que ha realizado a las nuevas instalaciones del órgano judicial de Íllora (Granada) junto al alcalde, Antonio José Salazar.
El volumen de trabajo que asumen estos juzgados lleva a la Administración andaluza a apoyar con personal cualificado la labor de los jueces de paz y su contribución a la prestación de este servicio público.
En la provincia de Granada realizan funciones de jueces de paz 165 personas que resuelven cuestiones de menor alcance jurisdiccional, prestando a la ciudadanía un servicio de proximidad dentro de la compleja Administración de Justicia.
Los juzgados de paz tienen competencias en registro civil, celebran actos de conciliación, juicios verbales sobre asuntos civiles sobre demandas con reclamaciones económicas pequeñas y dictan sentencias por auxilio judicial.
En el ámbito penal asumen la instrucción, enjuiciamiento, fallo y ejecución de los juicios de faltas leves sobre ciertas infracciones como amenazas, coacciones, deslucimiento de bienes inmuebles, maltrato de animales domésticos o perturbación del orden público.
También dan cumplimiento a exhortos penales, es decir, realizan diligencias que el juzgado de paz efectúa por delegación de otros juzgados, encargándose por ejemplo de tomar declaración a perjudicados o de efectuar ratificaciones, además de llevar a cabo actuaciones como, por ejemplo, un levantamiento de cadáver.
Los jueces de paz son personas que, aún no siendo indispensable el requisito de ser licenciados en Derecho, sí reúnen una serie de requisitos establecidos por la ley para el ingreso en la carrera judicial para el desarrollo de unas funciones de auxilio judicial y de resolución de conflictos y problemas en el seno de los municipios, evitando de esta forma que terminen en los tribunales.
